La iniciativa, impulsada por el Gobierno como uno de los ejes de su agenda de seguridad, fue aprobada tras un intenso debate en el recinto con 44 votos a favor y 27 en contra.
Cómo votó cada senador.
El Senado convirtió en ley la reforma penal juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad en Argentina. La iniciativa, impulsada por el Gobierno como uno de los ejes de su agenda de seguridad, fue aprobada tras un intenso debate en el recinto, con fuertes cruces políticos.
La norma obtuvo 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, lo que permitió al oficialismo cerrar con una victoria legislativa el período de sesiones extraordinarias y avanzar con un cambio clave en el régimen de minoridad.
La reforma introduce modificaciones en el sistema penal juvenil. A partir de su promulgación, adolescentes de 14 y 15 años podrán ser imputados por delitos graves, en el marco de un régimen especial que contempla penas y medidas diferenciadas respecto del sistema de adultos.
El Gobierno argumentó que la medida busca fortalecer la respuesta del Estado frente a delitos violentos cometidos por menores, mejorar la seguridad y garantizar que los jóvenes reciban sanciones acordes a la gravedad de los hechos.
En cambio, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición advirtieron que la norma podría tener un impacto negativo en adolescentes en situación de vulnerabilidad y reclamaron políticas de prevención, inclusión social y educación.
La sesión estuvo atravesada por discursos cruzados y fuertes posiciones encontradas. Mientras el oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para combatir el delito, legisladores opositores cuestionaron el enfoque punitivo.
En paralelo, se registraron protestas en las inmediaciones del Congreso y en distintos puntos del centro porteño. Organizaciones sociales, sindicatos y agrupaciones de izquierda rechazaron el endurecimiento del régimen penal juvenil y advirtieron sobre las consecuencias de la criminalización temprana.
Tras la votación, la Cámara alta continuó con el tratamiento de otros proyectos incluidos en el temario oficial, entre ellos la reforma laboral que también impulsa el Gobierno.
Abad, Maximiliano
Abdala, Bartolomé
Almeida, Romina M.
Alvarez Rivero, Carmen
Arce, Carlos Omar
Arrascaeta, Ivanna
Atauche, Ezequiel
Ávila, Beatriz Luisa
Bedia, Vilma Facunda
Benegas Lynch, José
Bullrich, Patricia
Carambia, José María
Cervi, Mario Pablo
Coto, Agustín
Cristina, Andrea M.
Espínola, Carlos Mauricio
Fama, Flavio Sergio
Fullone, Enzo Paolo
Gadano, Natalia Elena
Galaretto, Eduardo
Godoy, Juan Cruz
Goerling Lara, Enrique
Guzmán Coraita, Guillermo
Huala, María Victoria
Juez, Luis Alfredo
Juri, Mariana
Kroneberger, Daniel
Losada, Carolina
Marquez, Nadia Julieta
Mendoza, Sandra
Monte de Oca, Belén
Monteverde, Agustín
Olivera Lucero, Bruno
Orozco, María Emilia
Pagotto, Juan Carlos
Paoltroni, Francisco
Rojas Decut, Sonia
Royón, Flavia
Schneider, Silvana
Suárez, Rodolfo Alejandro
Terenzi, Edith Elizabeth
Valenzuela, Mercedes
Vischi, Eduardo Alejandro
Andrada, Guillermo
Bahl, Adán Humberto
Bensusán, Daniel Pablo
Capitanich, Jorge
Corpacci, Lucía Belén
Corroza, Julieta
De Pedro, Eduardo
Di Tullio, Juliana
Fernández Sagasti, Anabel
Giménez Navarro, María
González, María Teresa
Kirchner, Alicia María
Lewandowski, Marcelo
Linares, Carlos Alberto
López, Cándida Cristina
López, María Florencia
Manzur, Juan Luis
Marks, Ana Inés
Mayans, José Miguel
Moisés, María Carolina
Moreno, Elia Estela
Neder, José Emilio
Recalde, Mariano
Rejal, Jesús Fernando
Salino, Fernando Alberto
Soria, Martín Ignacio
Uñac, Sergio Mauricio
Zamora, Gerardo
Vigo, Alejandra María
La sanción de la ley marca un punto de inflexión en el debate sobre seguridad y responsabilidad penal juvenil en el país. En los próximos meses, el Gobierno deberá reglamentar la norma y definir cómo se aplicará en el sistema judicial, mientras continúa la discusión pública sobre sus alcances y consecuencias.
