Griselda Ortiz, ex agente de la Bonaerense, guardó silencio ante el juez Luis Armella tras ser acusada de trata de personas. Su pareja, el fisicoculturista Jorge Agote, huyó a Brasil.
Se negó a declarar la ex policía acusada de reclutar mercenarios para la guerra en Ucrania. (Foto: redes)
La ex policía bonaerense Griselda Inés Ortiz se negó este lunes a declarar ante el juez federal Luis Armella en la causa en la que está acusada por el delito de trata de personas. La investigación apunta a una presunta red dedicada a reclutar ciudadanos argentinos para combatir como mercenarios en la guerra entre Ucrania y Rusia.
Según la pesquisa, encabezada por el fiscal Sergio Mola, Ortiz habría organizado la maniobra junto a su pareja, Jorge Otero, un ex policía de la Ciudad y fisicoculturista conocido en redes sociales como "Sargento Trembo". Ambos están sospechados de captar personas en situación de vulnerabilidad económica con la promesa de incorporarse a fuerzas ucranianas a cambio de 3.000 dólares por cada recluta.
De acuerdo con la investigación, la captación se realizaba mediante publicaciones en TikTok y otras redes sociales, además de folletos digitales que convocaban a integrar la denominada Legión GUR, vinculada al servicio de inteligencia militar de Ucrania.
Los avisos buscaban médicos tácticos, operadores de drones y tropas de asalto, ofreciendo viajes pagos y la posibilidad de incorporarse al conflicto bélico. Entre los requisitos figuraban contar con el pasaporte vigente y cumplir determinadas exigencias físicas, como realizar 30 abdominales en un minuto.
Los mensajes incluían frases como: "Ucrania te necesita. Unite a los combatientes argentinos". Paralelamente, portales afines a Rusia y canales de Telegram dedicados a identificar mercenarios ya habían difundido meses atrás imágenes y datos personales de Ortiz y Otero.
La causa se inició el 24 de marzo, cuando efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectaron a cuatro pasajeros que estaban por abordar un vuelo de Turkish Airlines con destino a Estambul, desde donde continuarían viaje hacia Moldavia y luego a Kiev.
Los hombres aseguraban que viajarían como albañiles para participar en tareas de reconstrucción en Ucrania. Sin embargo, durante las entrevistas realizadas por el Programa Nacional de Rescate, reconocieron que el verdadero objetivo era incorporarse como combatientes.
Las víctimas, todos hombres mayores de edad y con dificultades económicas —entre ellos un exsoldado—, declararon que desconocían quién financiaba los pasajes y cómo regresarían a la Argentina en caso de sobrevivir al conflicto. Según la investigación, al menos cuatro argentinos murieron combatiendo en Ucrania entre 2025 y 2026.
Para los investigadores, el consentimiento de los reclutados estaría viciado por el aprovechamiento de su vulnerabilidad socioeconómica, motivo por el cual la causa fue encuadrada como trata de personas.
Durante los allanamientos realizados el último fin de semana, Ortiz fue detenida en un conventillo de Tigre por efectivos del Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal Argentina.
En la vivienda los investigadores secuestraron insignias militares ucranianas, documentación relacionada con el reclutamiento, uniformes y antiguos gafetes policiales, elementos que ahora forman parte de la causa.
Además, las víctimas entregaron a la Justicia el número telefónico de Ortiz y relataron que las comunicaciones con los organizadores se realizaban a través de Signal, una aplicación de mensajería encriptada. También declararon que fueron citados en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires antes de ser trasladados al aeropuerto de Ezeiza.
Por su parte, Jorge Otero permanece prófugo y, según fuentes de la investigación, habría escapado hacia Brasil. La Dirección Nacional de Migraciones ya recibió un pedido judicial para reconstruir los movimientos migratorios de ambos acusados.
