El titular de la Generación Zoe intentó llegar a un arreglo con los denunciantes, pero no pudo ser pese a acordar con las víctimas. El cuarto intermedio duró una semana.
Cositorto fue autorizado a no participar de la audiencia de este miércoles.
Se reanudó el juicio oral contra Leonardo Cositorto por la presunta estafa piramidal de Generación Zoe en Goya, Corrientes. El debate continúa después de que la fiscalía rechazara el acuerdo con los damnificados que propuso el principal implicado en la causa.
Luego del cuarto intermedio de una semana solicitado por el abogado de Cositorto, Guillermo Dragotto, debido a que “la estrategia defensiva cambió y él asumió hace poco la defensa en esta causa”.
Esta solicitud estuvo relacionada a que, pese a que los imputados llegaron a un acuerdo económico con los 98 damnificados, los fiscales no aprobaron el pacto consignado.
Dragotto había manifestado que "el principio del acuerdo tiene que ser de la equivalencia de lo que han tenido el perjuicio. En este caso como es dinero, será dineraria. No significa un reconocimiento en la participación en los hechos". Sin embargo, la Justicia no permitió llegar a dicha instancia de resolución.
Este miércoles a las 8.30 “continuó el juicio que tiene como imputados a Leonardo Cositorto, supuesto líder de la organización y otros cinco imputados: Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina”.
Desde el Poder Judicial de Corrientes informaron que tanto Cositorto como Batista pidieron no participar de la audiencia de hoy, hecho que el Tribunal autorizó.
En este sentido, explicaron que el artículo 313 del nuevo Código Procesal Penal, en la parte que interesa, establece que “… el imputado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal; si se le otorgara el permiso, será representado por el defensor”.
Sobre esto último, Dragotto se encuentra en Córdoba, motivo por el cual participó de la audiencia de manera remota.
Durante la jornada declararon cuatro testigos propuestos por la fiscalía, representada por Rubén Barry y Juan Carlos Castillo.
