Este fin de semana se cumplió un mes desde el brutal triple crimen que conmocionó a todo el país, en el que fueron asesinadas Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda Florencio
Este fin de semana se cumplió un mes desde el brutal triple crimen que conmocionó a todo el país, en el que fueron asesinadas Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda Florencio. A medida que avanza la investigación, la Justicia ha comenzado a revelar detalles estremecedores sobre la tortura a la que fueron sometidas las tres jóvenes antes de morir, una secuencia que exhibe un nivel de violencia y crueldad pocas veces visto.
La causa, que ya cuenta con varios detenidos e imputados, sigue destapando capas de una trama criminal vinculada al narcotráfico, ajustes de cuentas entre bandas rivales y vínculos familiares que complican aún más el caso. El relato clave que permitió reconstruir parte de lo sucedido proviene de Celeste González Guerrero, la inquilina de la vivienda donde ocurrió la masacre. Su testimonio, sumado a la información aportada por su abogado defensor, expone escenas escalofriantes que tuvieron lugar en las horas previas a los homicidios.
Según se dio a conocer en las últimas horas, González Guerrero, imputada en la causa y detenida, habría revelado a su abogado Daniel Giaquinta una frase que hiela la sangre y que, según él, representa uno de los puntos más aterradores del expediente judicial.
“Llamaron a la familia de una de las chicas mientras la torturaban”, reveló la mujer detenida, en una declaración que ya forma parte de la investigación.
Esa frase abrió una nueva línea de indagación. Los asesinos no solo secuestraron y torturaron a las víctimas, sino que además buscaron convertir el sufrimiento de las jóvenes en una herramienta de presión, al comunicarse con sus familiares durante el ataque. El objetivo, según se desprende de los dichos de González Guerrero, era claro: exigir la devolución de una cantidad de droga que supuestamente había sido robada a la banda de narcotraficantes liderada por “Pequeño J” (Tony Jansen Valverde Victoriano).
La información surge del relato que González Guerrero obtuvo de su pareja, Miguel Villanueva Silva, otro de los involucrados en la investigación. Él habría detallado que, durante el cautiverio, los agresores realizaron una llamada telefónica a la familia de una de las jóvenes asesinadas, en un intento de forzar una negociación en medio de la tortura.
La imputada relató que “la filmaron mientras la estaban torturando, cuando le cortaron la cara”, una descripción que confirma que la violencia fue premeditada y grabada para ser utilizada como elemento de amenaza. Aunque no pudo precisar con total seguridad a cuál de las víctimas se referían, González Guerrero cree que se trataba de Brenda Florencio, una de las jóvenes asesinadas.
Además, agregó que la llamada se habría hecho utilizando el teléfono de “Pequeño J”, quien habría estado acompañado por otro de los integrantes de la banda, conocido como “Duro”. Esta información coincide con otros elementos que la Justicia ya había incorporado a la causa, vinculados a comunicaciones realizadas desde ese dispositivo en el horario en que se cree que ocurrieron las torturas.
El caso no solo involucra a los principales sospechosos pertenecientes a la banda de “Pequeño J”, de origen peruano y con antecedentes por narcotráfico, sino que también comienza a arrojar indicios de participación de personas cercanas a las propias víctimas, lo que complejiza aún más el entramado criminal.
González Guerrero explicó que, según su pareja, “la familia de una de las víctimas tiene mucho que ver, porque eran otro grupo de mafia, en ese caso, dos villas diferentes”. Esta declaración sugiere que la rivalidad entre organizaciones narco de distintas zonas podría haber sido el detonante del crimen múltiple, más allá de un simple robo de drogas.
El abogado Daniel Giaquinta profundizó esta línea al señalar que una “hermana” de una de las víctimas estaría involucrada en una organización narco rival a la banda actualmente detenida. De confirmarse esta hipótesis, el triple crimen habría sido una especie de represalia mafiosa, con un mensaje explícito para una facción enemiga.
Este giro en la investigación pone en el centro del caso la existencia de una guerra narco soterrada, en la que jóvenes mujeres terminaron atrapadas y utilizadas como moneda de cambio, sufriendo torturas atroces antes de ser asesinadas.
La Justicia investiga ahora no solo a los autores materiales del crimen, sino también a posibles cómplices, encubridores y miembros de otras organizaciones que podrían haber facilitado información o participado indirectamente. Según fuentes judiciales, las pruebas recolectadas hasta el momento incluyen grabaciones, mensajes, testimonios de vecinos y elementos hallados en el lugar de los hechos, todos los cuales están siendo analizados por peritos especializados.
La vivienda en la que se cometió el triple homicidio ha sido peritada en varias oportunidades. En su interior se encontraron restos biológicos, objetos personales de las víctimas, armas blancas y elementos de consumo de drogas, lo que refuerza la hipótesis de que el lugar funcionaba como una especie de “aguantadero” o centro operativo de la banda.
Celeste González Guerrero, lejos de ser una simple inquilina, habría tenido un rol activo en la venta de drogas para “Pequeño J”, según consta en la imputación en su contra. Esta doble condición —testigo clave y partícipe necesaria— la coloca en una posición ambigua dentro de la causa: por un lado, sus declaraciones resultan fundamentales para reconstruir los hechos; por otro, ella misma está bajo sospecha por su grado de participación.
En los últimos días, la defensa de González Guerrero ha intentado negociar una posible reducción de pena o beneficios procesales, aportando información que pueda ayudar a desentrañar el crimen en su totalidad. Sin embargo, los investigadores judiciales mantienen cautela, ya que no descartan que parte de su relato esté orientado a desviar la atención o a proteger a determinados implicados.
El caso de Lara, Morena y Brenda ha generado una enorme conmoción social, no solo por la brutalidad de los crímenes, sino también por la aparente naturalidad con la que operaban estas bandas dentro de barrios populares, mezclando actividades cotidianas con redes de narcotráfico, extorsión y violencia extrema.
Vecinos de la zona han contado en diversas oportunidades que las amenazas, las disputas entre grupos y el tráfico de drogas eran frecuentes, y que el triple crimen no hizo más que sacar a la luz un conflicto que venía gestándose desde hace tiempo. Algunos de ellos incluso aseguraron haber escuchado gritos la noche en que se cree que ocurrieron las torturas, aunque por miedo no realizaron denuncias en ese momento.
La investigación judicial avanza lentamente, pero con pasos firmes. La Fiscalía ha solicitado nuevas pericias sobre los teléfonos incautados, tanto de las víctimas como de los imputados, con el objetivo de reconstruir con precisión el intercambio de llamadas y mensajes que se produjeron en las horas críticas. Además, se espera que en las próximas semanas se lleven adelante careos entre algunos de los detenidos y testigos, para contrastar versiones y determinar la veracidad de los relatos.
Por ahora, el móvil del crimen parece estar ligado a una disputa narco, aunque no se descartan otros factores. Las autoridades sospechan que una suma considerable de droga desaparecida habría sido el punto de partida de la secuencia de secuestros, torturas y asesinatos, que finalmente culminaron en la vivienda alquilada por González Guerrero.
Mientras tanto, las familias de las víctimas reclaman justicia y celeridad en el proceso judicial, al tiempo que denuncian amenazas y presiones por parte de personas vinculadas a los imputados. Organizaciones sociales y colectivos feministas han acompañado estos reclamos con marchas y concentraciones, exigiendo medidas de seguridad para los familiares y testigos del caso, así como un abordaje más profundo de la problemática narco en los barrios.
El triple crimen de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda Florencio se ha convertido, así, en un caso emblemático que refleja la combinación letal de narcotráfico, violencia de género y desprotección social. A un mes del hecho, la investigación aún tiene muchos cabos sueltos, pero cada nueva revelación muestra un entramado delictivo más complejo y oscuro de lo que se imaginaba en un principio.
