Este lunes, Pablo Laurta, el hombre acusado de haber asesinado a su expareja, a su exsuegra y a un remisero en un brutal episodio ocurrido en Córdoba, fue finalmente trasladado a la provincia donde cometió los crímenes, en medio de un fuerte operativo de seguridad.
Este lunes, Pablo Laurta, el hombre acusado de haber asesinado a su expareja, a su exsuegra y a un remisero en un brutal episodio ocurrido en Córdoba, fue finalmente trasladado a la provincia donde cometió los crímenes, en medio de un fuerte operativo de seguridad. Su regreso estuvo marcado por una escena cargada de tensión y por un pedido urgente que realizó apenas puso un pie en suelo cordobés.
Según reveló el periodista Leonardo Guevara de Radio Mitre Córdoba, el acusado solicitó de inmediato hacer un llamado telefónico y pidió la defensa de un abogado del Estado, en una maniobra que evidencia la estrategia judicial que planea desplegar en esta nueva etapa del proceso.
A través de su cuenta de X, Guevara detalló: “Pablo Laurta pidió hacer un llamado por teléfono tras ser fichado por la policía. El doble femicida pidió defensa de un abogado del Estado. Está esposado, con chaleco balístico y un casco”. La escena fue registrada por numerosos medios que aguardaban su llegada, en un contexto de máxima seguridad para evitar incidentes ante la conmoción social que generó el caso.
Laurta enfrenta cargos extremadamente graves. Por un lado, ya fue imputado en Entre Ríos por el homicidio criminis causa del remisero Martín Palacio, a quien asesinó para robarle el vehículo y concretar su huida hacia Córdoba. Por otro, ahora deberá afrontar una nueva imputación en Córdoba por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, de 26 años, y de su exsuegra, Mariel Zamudio, de 54, a quienes atacó brutalmente dentro de la vivienda en la que se encontraban.
Durante su arribo a la Jefatura de Policía de Córdoba, el acusado realizó explosivas declaraciones ante los medios presentes, intentando justificar sus actos con un relato que mezcla acusaciones sin pruebas y una construcción personal en la que se presenta como “rescatista” de su propio hijo. “Fui a rescatar a mi hijo de una red de trata”, dijo el uruguayo mientras descendía del móvil policial, rodeado de efectivos que lo custodiaban fuertemente armados.
“Estoy en paz porque mi hijo ahora está a salvo”, añadió sin mostrar signos de arrepentimiento. Con tono desafiante, repitió varias veces: “Hice lo necesario para rescatar a mi hijo”, como si intentara instalar públicamente una versión alternativa de lo ocurrido que, de acuerdo con las pruebas recolectadas por los investigadores, no tiene ningún sustento legal ni fáctico.
Ante los micrófonos, Laurta acusó directamente a las víctimas, intentando desviar la atención de la violencia que ejerció. “Las dos fallecidas tenían denuncias. Ambas, por explotación sexual infantil y por secuestro, también, cuando rescaté a mi hijo”, lanzó. Estas declaraciones, además de carecer de evidencia judicial, causaron indignación en los familiares y allegados de las víctimas, que señalaron que se trata de una estrategia discursiva para victimizarse y sembrar dudas en la opinión pública.
La defensa que planea Laurta podría centrarse en instalar una historia de persecución y de supuesto rescate, algo que ya comenzó a hacer desde los primeros momentos posteriores a su detención. Sin embargo, las autoridades judiciales remarcaron que no existen denuncias vigentes ni registros judiciales que avalen sus dichos. Por el contrario, las investigaciones apuntan a que actuó de manera premeditada para llevarse a su hijo a Uruguay, quitando del medio a quienes consideraba “obstáculos” para su plan.
El crimen del remisero Martín Palacio fue el primer paso de esta secuencia de hechos violentos. Laurta lo contrató en Entre Ríos y, según los investigadores, una vez que el vehículo llegó a territorio cordobés, lo asesinó fríamente para quedarse con el auto y continuar su huida. “Hay que venerarlo, es un mártir”, llegó a decir días atrás sobre la víctima, en declaraciones que causaron estupor por su frialdad y falta de remordimiento.
Posteriormente, se dirigió a la vivienda donde se encontraban Luna Giardina y Mariel Zamudio, quienes tenían la guarda del niño de 5 años. Allí perpetró el doble femicidio, un hecho que generó un profundo repudio social por la violencia ejercida y por el contexto familiar en el que se desarrolló. Según trascendió, las dos mujeres fueron atacadas de forma brutal y no tuvieron posibilidad de defenderse, lo que refuerza la acusación de premeditación.
El traslado de Laurta a Córdoba estuvo rodeado de un amplio despliegue policial, que incluyó vehículos blindados y personal especializado. Las autoridades temían algún intento de agresión durante el trayecto, ya que el caso conmocionó profundamente a la comunidad cordobesa. Vecinos de las víctimas y organizaciones feministas han acompañado el avance de la causa, exigiendo justicia y una condena ejemplar.
En las próximas horas, Laurta deberá prestar declaración indagatoria ante la fiscalía a cargo del caso, donde se espera que repita sus argumentos vinculados a un supuesto “rescate”. Sin embargo, fuentes judiciales adelantaron que las pruebas en su contra son abrumadoras: registros de cámaras de seguridad, testimonios, rastros en la escena del crimen y su propia fuga apuntan a un accionar deliberado.
El caso ha puesto nuevamente en el centro del debate la problemática de la violencia de género y los femicidios en Argentina, que en los últimos años han registrado cifras alarmantes. La historia de Luna y Mariel representa uno de los escenarios más temidos por especialistas: una escalada de violencia que culmina en un femicidio doble dentro del entorno familiar, donde el agresor busca controlar el destino de su hijo a través de la eliminación de figuras femeninas protectoras.
La frialdad con la que Laurta se expresó públicamente también generó preocupación entre especialistas en criminología. Algunos sostienen que su discurso apunta a construir un relato heroico personal, una estrategia que suelen utilizar ciertos agresores para intentar suavizar la percepción pública de sus actos. “Cuando un femicida comienza a hablar de rescates, conspiraciones o redes, muchas veces está intentando justificar lo injustificable”, explicó un perito en conducta criminal consultado por medios locales.
Mientras tanto, el hijo de Laurta permanece bajo resguardo del Estado, en un dispositivo de protección infantil que busca garantizar su bienestar físico y emocional tras los hechos traumáticos que presenció. La justicia deberá determinar ahora cuál será su futuro y quién asumirá legalmente su cuidado, una decisión que también será parte de un proceso judicial complejo.
En Córdoba, el clima social es de profunda conmoción. Vecinos de las víctimas organizaron marchas y homenajes para exigir justicia y visibilizar el caso. En las pancartas se leen frases como “Ni una menos” y “Justicia por Luna y Mariel”, que resumen el dolor colectivo y la necesidad de respuestas firmes por parte de las instituciones.
Este caso también ha reavivado el debate sobre los mecanismos de protección judicial en casos de violencia de género, especialmente cuando existen conflictos por la tenencia de hijos. Diversas organizaciones señalaron que, en muchas ocasiones, las denuncias previas no alcanzan para prevenir tragedias y que se requieren políticas más efectivas para proteger a las mujeres y a los niños en contextos familiares complejos.
En este escenario, Pablo Laurta se encuentra bajo estrictas medidas de seguridad y con prisión preventiva, mientras la investigación continúa avanzando. Los fiscales a cargo anticiparon que solicitarán una pena máxima, considerando la multiplicidad de víctimas y la gravedad de los delitos cometidos.
El juicio que se avecina promete ser uno de los procesos judiciales más seguidos del año en Córdoba, no solo por la brutalidad de los hechos, sino también por el discurso que el acusado intenta imponer públicamente. Las próximas semanas serán claves para definir el rumbo de la causa y para determinar si Laurta enfrentará una condena ejemplar.
