El caso de Alejandro Zalazar, hallado muerto en Palermo, abrió una investigación por administración fraudulenta de medicamentos y puso bajo la lupa el uso ilegal de anestésicos como propofol y fentanilo.
Muerte de un anestesista y una trama oscura: quiénes son los imputados en la causa que investiga presuntas fiestas clandestinas
La muerte de Alejandro Zalazar, un anestesista que fue encontrado sin vida en su departamento de Palermo, desató una investigación judicial que combina consumo de drogas, presunto robo de insumos hospitalarios y la posible existencia de fiestas clandestinas vinculadas al ámbito de la salud.
El caso quedó en manos del juez Javier Sánchez Sarmiento, quien investiga una presunta administración fraudulenta de medicamentos en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Por el momento, hay dos personas imputadas.
Todo comenzó el 20 de febrero, cuando Zalazar, quien se desempeñaba como anestesiólogo de guardia en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, fue hallado muerto en su domicilio.
Según el parte policial, el cuerpo presentaba una vía conectada en el pie derecho y marcas de un catéter en el izquierdo. En el lugar también se encontraron elementos descartables utilizados para inyecciones.
La autopsia determinó como causa de muerte congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico, aunque los investigadores buscan confirmar si la causa de base fue una sobredosis de propofol y fentanilo.
Tres días después del hallazgo, el Hospital Italiano de Buenos Aires denunció el faltante de anestésicos, lo que dio inicio formal a la causa judicial.
El 12 de marzo, la Policía de la Ciudad realizó tres allanamientos que permitieron determinar que los fármacos encontrados en la vivienda del médico fallecido pertenecían al centro de salud. A partir de allí, la investigación comenzó a reconstruir un posible circuito de desvío de medicamentos de uso hospitalario.
En el avance del expediente fueron identificados dos sospechosos: Hernán Boveri, profesional del área de Anestesiología en el Hospital Italiano, y Delfina Lanusse, una residente de tercer año de la misma institución.
Ambos fueron indagados por el fiscal Lucio Herrera y quedaron imputados por el delito de administración fraudulenta.
En paralelo, se viralizó un audio que menciona la existencia de supuestas “Propo fest”, reuniones organizadas por profesionales de la salud en las que se habrían utilizado anestésicos como propofol y fentanilo con fines recreativos.
Si bien ese audio no forma parte del expediente judicial, la fiscalía analiza otra hipótesis que surge de ese testimonio: la oferta de “viajes controlados”.
Según esta versión, se trataría de experiencias pagas en las que se administran sustancias para inducir estados de relajación extrema, bajo la supervisión de una persona encargada de intervenir ante cualquier complicación.
La Justicia busca determinar si existió una red organizada detrás del desvío de medicamentos y si estos eran utilizados en contextos ilegales, lo que podría agravar la situación de los imputados en los próximos días.
