La investigación judicial reveló que el grupo operaba bajo la fachada de un programa del Ministerio de Desarrollo Social. Prometían beneficios a víctimas de La Rioja, pero desviaban el dinero a cuentas propias mientras llevaban una vida de lujo en la Capital.
La pareja que lideraba la banda resultó detenida en Puerto Madero. (Foto: Prensa PFA).
Una organización criminal dedicada a estafas con usurpación de identidad fue desbaratada tras una investigación judicial que derivó en allanamientos simultáneos en Puerto Madero y en la ciudad de La Rioja. Según las pesquisas, la banda se hacía pasar por empleados del Ministerio de Desarrollo Social para ofrecer falsas ayudas económicas a jubilados, pensionados y trabajadores del sector público.
Tres personas fueron detenidas: Michael V.I., de 29 años, su pareja, Aluminé B., de 19, y la madre de él, Hortensia, de 69. Con la excusa de gestionar beneficios, los delincuentes exigían copias de DNI y fotografías que luego utilizaban para sacar créditos y tarjetas de crédito a nombre de las víctimas, quienes meses después recibían notificaciones por deudas que jamás habían contraído.
Las maniobras comenzaron a detectarse a partir de una serie de denuncias presentadas ante la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de La Rioja, en las que los damnificados relataban haber recibido llamados de supuestos funcionarios que les prometían asistencia financiera. La documentación requerida para acceder a esos beneficios era, en realidad, el insumo que necesitaban los estafadores para concretar su negocio ilícito. Según la causa, caratulada por lavado de activos y usurpación de identidad, el mecanismo se repitió en varios casos, generando perjuicios millonarios para personas que en muchos casos estaban en situación de vulnerabilidad.
Los testimonios de las víctimas coincidieron en que, tras entregar los datos solicitados, pasaron algunos meses sin novedades. Sin embargo, tiempo después comenzaron a llegarles cartas documento provenientes de estudios jurídicos que los notificaban de deudas vinculadas con tarjetas de crédito y préstamos bancarios que nunca habían pedido. Fue esa circunstancia la que llevó a los damnificados a denunciar en sede policial y judicial.
La investigación avanzó con el trabajo de la Policía Federal Argentina, particularmente de la DUOF de La Rioja y del Departamento Federal de Investigaciones, con el apoyo de la División Enlace con la DAJUDECO, que intervino líneas telefónicas y realizó seguimientos. Gracias a estas tareas, se logró identificar a los integrantes de la organización y los domicilios desde los cuales operaban. Dos de ellos estaban ubicados en la capital riojana, en barrios céntricos, donde incluso funcionaban oficinas de atención al público en las que se recibía a los supuestos beneficiarios. El tercer punto clave era un departamento en la calle Camila O’Gorman, en el piso 11 de una torre de Puerto Madero, donde residía la pareja que lideraba la banda.
Los allanamientos ordenados por el juez Herrera Piedrabuena permitieron no solo la detención de los tres implicados, sino también el secuestro de gran cantidad de pruebas. Entre lo incautado se encontraron documentación de las víctimas, fotocopias de DNI, tarjetas de crédito y débito, notebooks, celulares, chips y una tablet. También se hallaron 11 terminales de cobro electrónico, $383.000 en efectivo, 150 dólares, además de 100.000 dólares falsos que serán peritados, una camioneta RAM de alta gama, una carabina, una pistola calibre .22 con municiones y un teléfono satelital, elemento que llamó la atención de los investigadores por el nivel de sofisticación que revelaba.
En mayo, un mes después de iniciada la causa, la figura de los imputados cobró notoriedad en redes sociales. Una usuaria compartió una publicación viral en la que acusaba a Michael y a Aluminé de cometer estafas bajo la fachada de una supuesta fundación destinada a otorgar ayudas económicas. En ese posteo se los señalaba de haber arruinado a varias personas con deudas impagables, acompañando la denuncia con una fotografía de la pareja.
Los investigadores sostienen que la familia detenida estaba instalada en Puerto Madero desde 2021 y que había montado un estilo de vida lujoso sostenido con el dinero proveniente de las maniobras fraudulentas. Allegados en La Rioja los conocían como “una familia de dinero”, lo que reforzaba la idea de que sus ingresos eran legítimos. Sin embargo, la acumulación de pruebas terminó por desmoronar esa fachada.
El juez Herrera Piedrabuena procesó a los tres acusados, que quedaron a disposición de la Justicia por los delitos de lavado de activos y usurpación de identidad. En paralelo, se ordenaron pericias sobre los dólares falsificados y se abrió una línea de investigación para determinar si existieron más cómplices que colaboraran en la operatoria. Mientras tanto, las víctimas siguen sumándose a la causa con nuevas denuncias y se espera que el número de damnificados continúe en aumento.
