La dirigencia política vive días agitados entre cambios en el gabinete, búsqueda de acuerdos, y rediseño de los lineamientos de gestión. Pero a la vez se mantiene atenta al avance de los casos pendientes en Tribunales y en el Consejo de la Magistratura, porque pueden influir en sus proyectos de trabajo y sus aspiraciones electorales.
En rigor, ninguno de los poderes es ingenuo ni desconoce el alcance de cualquier escenario o resolución judicial. Se destacan las causas que involucran a Cristina Fernández, a Mauricio Macri o al presidente Alberto Fernández; los dictámenes que se esperan de la Corte, y la revisión de la conducta de los jueces en el Consejo de Magistratura.
Con el final de la feria judicial, A24.com presenta una lista de 9 temas pendientes en la justicia que la política mira con mucha preocupación.
En el juicio que investiga la presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz, este lunes se inicia el alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Morla.
Tienen 9 audiencias para argumentar lo que casi seguro será el pedido de condena para los 13 acusados, encabezados por la vicepresidenta Cristina Fernández, el exministro de Planificación Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez y el exsecretario de obras públicas, José López.
Luego será el turno de los abogados defensores, con tres audiencias cada uno, por lo que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) antes de fin de año estaría en condiciones de dar a conocer el veredicto.
Recordemos que la Unidad de Información Financiera (UIF) decidió no avanzar en una acusación porque no encontró certeza suficiente de la existencia de sobreprecios en las obras analizadas por los peritos contables. Por su parte, la Oficina Anticorrupción (OA) desistió de su rol de querellante.
En cuanto a otros procesos contra la expresidenta, la Cámara de Casación deberá revisar los sobreseimientos en “Memorándum” y “Los Sauces y Hotesur”, mientras que la Corte tiene en su poder un recurso de queja del Ministerio Público Fiscal (MPF) contra el cierre de “Dólar futuro".
Asimismo la Corte también tiene que resolver si es legal la doble pensión vitalicia que recibe Cristina Fernández por más de 4 millones de pesos, y responder los planteos de nulidad que presentó en Cuadernos con el propósito de evitar otro juicio oral, que todavía no tiene fecha de inicio.
Los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan apelarán ante Casación el sobreseimiento que benefició a Mauricio Macri en la causa por presunto espionaje ilegal.
Por otra parte, presentaron un reclamo ante Naciones Unidas (ONU), solicitando la intervención del relator especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Diego García Sayan. Según señaló la abogada de los familiares, Valeria Carreras, detectaron "groseros errores jurídicos y arbitrariedad manifiesta en la omisión de hechos y cita sesgada de la prueba”.
El expresidente está siendo investigado en otras casos judiciales, aunque hasta ahora no fue citado a indagatoria. Algunos de esos expedientes están relacionados con la presunta defraudación al Estado por firmar un acuerdo con el FMI; y el supuesto contrabando de municiones a Bolivia en medio de la revuelta que provocó la renuncia de Evo Morales.
A partir de agosto, el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, debería firmar el sobreseimiento de Alberto Fernández y su mujer Fabiola Yañez. Sin ese trámite no cerrará la causa por la fiesta de cumpleaños en Olivos durante la cuarentena del coronavirus.
En este proceso, el presidente logró un acuerdo para no ser juzgado, por el que donó 3 millones de pesos al Instituto Malbrán. No deberían existir inconvenientes pues ya fue homologado, y además fue ratificado por la Cámara Federal de San Martín.
La Corte Suprema tiene que resolver la medida cautelar solicitada por el gobierno porteño contra la reducción del 1,4% de los fondos de coparticipación federal que recibía por los gastos de la Policía.
La Ciudad de Buenos Aires inició dos procesos contra la Nación para que se declare la inconstitucionalidad de la modificación de su coeficiente de coparticipación. Primero por el decreto 735/2020, y segundo, por la Ley que aprobó el Congreso confirmando la reasignación de esas partidas presupuestarias.
Los jueces del Máximo Tribunal podrían rechazar el amparo, o de lo contrario ordenar que se interrumpa la quita de fondos. Si fuera este caso, el fallo podría incluir el pago retroactivo del monto que dejó de percibir el gobierno de Rodríguez Larreta.
La jueza federal Maria Eugenia Capuchetti deberá resolver si habilita el planteo del fiscal Franco Piccardi para pedirle al Fondo Monetario Internacional (FMI) que envíe la copia de los documentos relacionados con el tratamiento del crédito que le otorgó al Estado Nacional por 44 mil millones de pesos, en 2018.
Desde que el FMI le prestó ese dinero al gobierno de Mauricio Macri, se anexaron varias denuncias en Tribunales que terminaron en este expediente, buscando establecer quiénes se beneficiaron con una supuesta fuga de capitales. No obstante, el fiscal quiere saber en qué consistió la negociación con el organismo internacional de crédito.
También quiere que se levante el secreto bancario para que el Banco Central envíe la ruta de los depósitos efectuados por el Fondo, el desvió de ese dinero a otras cuentas, e incluso la venta de moneda extranjera.
Por su parte, la Procuración del Tesoro, como parte querellante, pidió que declaren como testigos los técnicos del FMI que hicieron la primera evaluación del crédito que recibió nuestro país.
La fiscal federal Cecilia Incardona opinó que la tripulación del avión iraní varado en Ezeiza deberá permanecer en Argentina hasta que terminen de analizar las medidas de prueba, entre ellas los peritajes telefónicos, el detalle sobre la carga que transportaban en el Boeing, y la respuesta a los exhortos enviados a los organismos internacionales por las sospechas de terrorismo.
Indicó que existen peligros procesales, teniendo en cuenta que los países de los que provienen los imputados no extraditan a sus ciudadanos en caso de reclamo internacional.
Con este dictamen, el juez Federico Villena deberá decidir sobre un pedido para levantar la prohibición de salida del país de los 5 iraníes y 14 venezolanos que viajaban en la aeronave de la compañía Emtrasur.
Cuando retomen las reuniones en el Consejo de la Magistratura, deberán resolver el destino de 70 expedientes que cuestionan la conducta de algunos jueces.
Antes de la ampliación a 20 miembros, las comisiones de Acusación y Disciplina funcionaban juntas, pero ahora lo hacen por separado.
La discusión está basada en que cuando un sumario pasa a Disciplina, puede implicar una sanción menor, por ejemplo una multa; sin embargo cuando se trata en Acusación, podría derivar en un juicio político, con la amenaza de que el magistrado perder el cargo.
Mientras se cumplen 600 días desde que Fabián Rodríguez Simón fue declarado en rebeldía por la justicia argentina, el ex asesor presidencial de Mauricio Macri intenta revertir su suerte en el reclamo de asilo político en Uruguay.
Aunque el proceso avanza en forma reservada, A24.com conflirmó debió apelar nuevamente después de otro rechazo judicial a su solicitud de refugio. El tribunal de Montevideo no encontró elementos para considerarlo víctima de una persecución.
Su abogado, el ex procurador general del gobierno de Tabaré Vázquez, Jorge Díaz, recurrió la decisión para incorporar más pruebas. Si fracasa de nuevo, deberá acudir ante la Suprema Corte de la República Oriental del Uruguay.
Pero si vuelve a fallar, deberá enfrentar un juicio de extradición para que se presente a comparecer en los tribunales de Comodoro Py en la causa por supuesta extorsión al grupo Indalo.
Lázaro Báez aguarda que la Cámara de Casación resuelva si confirma su sentencia a 12 años de prisión por usar facturas truchas para lavar dinero producto de la corrupción en la obra pública.
Por otro lado, en un sumario remanente de esta investigación, la Cámara Federal instó al juez Sebastián Casanello a que revise todas las causas donde aparece imputada Cristina Fernández, antes de evaluar si le otorga el sobreseimiento.
Según el criterio del camarista Mariano Llorens, el magistrado debe reasumir la instrucción velozmente y revisar toda la prueba agregada en otros expedientes vinculados “a fin de materializar el derecho de defensa que tiene la imputada de que su situación sea resuelta en el más breve plazo”.
