En tanto, ante la convocatoria de una marcha encabezada por la CGT y fuerzas políticas y sociales, el Gobierno confirmó que aplicará el protocolo antipiquetes con el objetivo de garantizar el funcionamiento del Congreso.
La mesa política de Milei definía el texto final de la reforma laboral
Adorni reunió a partir de las 10 de este martes en la Casa Rosada a los integrantes del círculo más cercano al presidente Milei, encargados de negociar y tomar las decisiones más importantes del Gobierno.
Del encuentro que se extendió por casi 2 horas, participaron además de Adorni, la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt..
En relación con el proyecto de la reforma laboral, en Casa Rosada evitaron precisar los detalles del articulado en los que se muestran dispuestos a ceder, pero una importante fuente que forma parte de las negociaciones, confirmó a A24.com que "va a haber muchos cambios".
Antes de ingresar este martes a la Casa Rosada, Bullrich se mostró segura de conseguir quorum y los votos para sancionar el proyecto.
"Hicimos una construcción colectiva con todos los senadores. Tenemos una buena cantidad de votos para la modernización laboral. El miércoles sesionamos", afirmó la exministra de Seguridad.
Por su parte, Santilli en declaraciones radiales, defendió la iniciativa del Gobierno nacional, remarcó los cambios clave y apuntó contra la CGT y a la oposición. Según dijo, sostienen "un sistema que frena la generación de empleo formal".
Luis Caputo, en cambio, era uno de los más duros al momento de cuestionar a los gobernadores que rechazan el artículo que reduce el impuesto a las Ganancias a las empresas. "Algunos gobernadores se oponen al capítulo 6 de la Ley de Modernización laboral porque no quieren bajar el impuesto a las ganancias", acusó.
Este impuesto es coparticipable y, según advierten los mandatarios, las provincias perderían de recaudar unos 2 billones de pesos anuales, lo que desfinanciaría las administraciones provinciales. Ese es uno de los principales cambios que debe decidir este martes la mesa política del Gobierno: si acepta eliminar este punto o lo sostiene a pesar de las objeciones.