El tema en la pelea es un 3% de los ingresos. Parece poco, pero son 3 billones de pesos. Los gobernadores han dado una clara instrucción a los senadores: eso es un impuesto y debe tratarse de manera diferente. Los impuestos se deben iniciar en la Cámara de Diputados. Pero este planteo “legal o institucional” se hace para negociar desde una postura fuerte. Los gobernadores quieren que se quite ese articulado que, por la reforma laboral, dejaría sin ingresos a las provincias.
A las 14, habrá una reunión de la comisión de Labor Parlamentaria. Es la que ordena el debate, qué temas se tocan y cuáles quedan afuera. Es la última oportunidad formal para un acuerdo. De todas maneras, durante las largas horas de la sesión, los teléfonos y mensajes de texto estarán a pleno. “Tenemos una buena cantidad de votos para la modernización laboral”, señaló Bullrich. Puede ser. Pero lo importante es conseguir los votos necesarios para la media sanción de la reforma laboral.
Menos de 20 días para conseguir un nuevo esquema de relaciones
El plan del Gobierno es terminar esta ambiciosa reforma a uno de los sistemas más antiguos de la legislación, rápidamente. La enorme mayoría de las leyes laborales son de la década del 70 en el siglo pasado. Si se cumple el cronograma del oficialismo, el proyecto podría convertirse en ley antes de fin de este mes.
El encuentro buscará ordenar la dinámica de la sesión y definir hasta dónde llegará el debate en el recinto. En ese marco, en el Gobierno admiten preocupación por la actitud que podría adoptar la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien desde hace mucho tiempo no participa de ninguna de las medidas que toma el gobierno a diario.
Otro de los cambios que se mencionan sobre el proyecto es quitar la derogación inmediata de algunos estatutos, como por ejemplo el del periodista, que seguirá vigente. La alternativa sería un plazo de 6 meses a un año para una nueva norma.
Un punto conflictivo a 24 horas del inicio de la sesión es el del listado de actividades consideradas esenciales, que obligaría a garantizar un piso del 45% de los servicios en caso de paro. No hay acuerdo pleno sobre los rubros que deberán tener un régimen diferente en los momentos de paros o huelgas. El Gobierno espera que, una vez obtenida la media sanción, el texto pase directamente a la Cámara de Diputados y se convierta en ley antes del final de las sesiones extraordinarias.