El fiscal federal Guillermo Marijuan dispuso una serie de medidas de prueba en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El fiscal Marijuan investiga a Francisco Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y pidió levantar su secreto fiscal y bancario.
El fiscal federal Guillermo Marijuan dispuso una serie de medidas de prueba en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La causa se abrió a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, que derivó en la apertura de una investigación preliminar sobre la evolución patrimonial del funcionario del Ministerio de Defensa entre 2023 y 2024. En ese período, se detectaron diferencias en sus declaraciones juradas, lo que motivó el foco de la Justicia.
Según la presentación, uno de los puntos bajo análisis es un crédito por $60 millones que habría sido cancelado en 12 meses, en el marco de una variación patrimonial que pasó de poco más de 40 millones a cerca de $80 millones.
En ese contexto, Marijuan pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, además de otras medidas destinadas a obtener información sobre sus bienes, movimientos financieros y viajes.
Fuentes del caso indicaron que, si bien se trata de un expediente distinto al que involucra a Manuel Adorni, la Justicia podría requerir información vinculada a bienes heredados en común dentro del entorno familiar.
De este modo, la investigación alcanza a distintos integrantes del entorno del jefe de Gabinete, entre ellos el propio Manuel Adorni, su hermano Francisco Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita tomó declaración a José Luis Rodríguez, propietario de una vivienda en el country Indio Cuá que habría sido alquilada por Manuel Adorni en el marco de otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Durante su testimonio, Rodríguez aportó detalles sobre los gastos vinculados al alquiler y sobre otros contratos temporarios celebrados con el funcionario.
Según trascendió, el propietario confirmó que Adorni pagó U$S 15.600 para residir durante 13 meses junto a su familia en el barrio privado, mientras avanzaban las refacciones de su vivienda en Exaltación de la Cruz, adquirida por U$S 120.000.
Las obras estuvieron a cargo del contratista Matías Tabar, quien ya declaró ante la Justicia y aseguró que los trabajos demandaron alrededor de U$S 245.000, abonados en efectivo y sin facturas.
El jefe de Gabinete negó irregularidades y sostuvo que puede justificar el origen de los fondos utilizados tanto en la compra de inmuebles como en las reformas.
En tanto, la investigación judicial sobre el patrimonio del entorno de Adorni incorporó el análisis de los gastos del matrimonio que integran el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con los datos incorporados al expediente, la pareja habría destinado alrededor de U$S 365.000 a la compra de propiedades durante los últimos dos años y medio. A ese monto se suman compromisos financieros en estudio que superarían los U$S 335.000, en su mayoría con vencimiento previsto para noviembre.
Las declaraciones juradas correspondientes a 2025 aún no fueron presentadas ante la Oficina Anticorrupción, debido a la prórroga del plazo establecida hasta el 31 de julio.
Como parte de las últimas medidas, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal del matrimonio ante la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), con el objetivo de profundizar el análisis sobre su situación patrimonial y tributaria.