- control de gastos reservados,
- reformulación de los sistema de formación,
- un plan estratégico de inteligencia y
- la independencia de la justicia federal.
En 2015, cuando el kirchnerismo creó la AFI, Caamaño fue la encargada de liderar el Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (Dicom) que se hizo cargo del traspaso de las oficinas de escuchas telefónicas durante la gestión de Alejandra Gils Carbó como procuradora General.
También fue titular de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip). Previo a eso se desempeñó como fiscal desde el año 2006 y actualmente preside la entidad Justicia Legítima.
Caamaño es reconocida como “una mujer que sabe gestionar cuestiones vinculadas a la justicia”. Su formación es tema de inteligencia es escasa pero sus conocimientos jurídicos aparecen como uno de sus activos personales.
Se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo un posgrado de derecho penal en la Universidad de Salamanca. Entró a la justicia en el año 1993 como secretaria de una fiscalía criminal y durante mucho años fue profesora del Centro Universitario de Devoto (CUD) dándole clases de la materia “Regimen de ejecución de la pena” a cientos de presos que buscaban reinsertarse en la sociedad mediante la educación.
A partir de mañana, Caamaño, junto a un equipo reducido, comenzará con un diagnóstico del estado del organismo.
Según pudo saber A24.com van a revisar legajo por legajo tanto de los agentes que trabajan en el país como de aquellos que dependen de la AFI asignados en el exterior.
“Vamos a realizar una suerte de auditoría del personal, un barrido del recurso humano que tiene la Agencia”, cuentan cerca de la interventora, pero sin poder precisar la cantidad de empleados que tendrá a su cargo.
Las entrevistas serán personalizadas y tendrán como objetivo conocer la actividad actual de cada espía, como así también lo realizado en los últimos cuatro años bajo la órdenes de la dupla Arribas - Majdalani.
Dentro del plan de normalización habrá un capítulo dedicado a la Escuela de Inteligencia, su presupuesto y sus planes de formación. También se intentará destrabar el gran misterio de los polémicos gastos reservados, ya que hasta el 2015 existió un control administrativo que luego desapareció durante la gestión de Mauricio Macri.
En 2016, mediante el decreto 656, se derogó la reglamentación que transparentaba las partidas de todos los organismos de inteligencia. En 2019, la AFI tuvo un presupuesto asignado de 2.697 millones de pesos. Pero nadie sabe en qué se gastó ese dinero.
Además, esa norma determinó que todos los empleados de la agencia debían ser considerados “agentes de inteligencia”. Es decir, no se podía conocer la identidad de ninguno de los empleados de ese organismo.
Esto permitió un festival de designaciones de ex comisarios de la Policía Bonaerense como así también de ex integrantes de otras fuerzas federales. Muchas de estos cargos quedarían sin efecto en las próximas horas.
La AFI va a dejar de hacer tareas vinculadas a la inteligencia delictiva. Sus espías, ya no participarán de investigaciones vinculadas al narcotráfico o al crimen organizado.
La interventora no quiere ningún tipo de vínculo con las escuchas telefónicas que volverían a la órbita de la Procuración. Caamaño fue muy crítica con el festival de filtraciones a los medios que se registraron en los últimos cuatro años.
El sábado a primer hora, se publicó en el boletín oficial el decreto de necesidad y urgencia 52/2019 que dispuso la intervención, por 180 días, de una de las áreas más sensibles del gobierno.
La norma describe “un notorio retroceso institucional en materia de inteligencia”, elimina el “secreto del presupuesto asignado al organismo así como de sus erogaciones” y le da amplios poderes de reforma a la interventora.
Solo resta saber cuál será la reacción de los más de 1000 espías de la AFI ante tantos cambios estructurales.
