Detalló que esos dispositivos fueron asignados a María Eugenia Vidal; a Julio Conte Grand, Procurador de PBA; a Daniel Angelici, ex presidente de Boca; a Gustavo Ferrari, ex ministro de justicia de PBA; al empresario Nicolás Caputo y a Martín Ocampo, ex Fiscal General de CABA, entre otros.
Ante estas situaciones el jefe de Estado cuestionó: "¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en “operador judicial”?"
Y fue tajante al afirmar que "esas preguntas exigen una respuesta", ya que el uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones crimínales es "definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible".