Axel Kicillof y distintos dirigentes del Frente de Todos encabezan una de las columnas que el viernes marchó a la Plaza de Mayo (Foto: Télam).
Luego del atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner del jueves último, el presidente Alberto Fernández dio rienda suelta a discursos radicalizados y habilitó el debate político sobre la sanción de una ley contra el odio, aunque en el Congreso niegan que vaya a tratarse, al tiempo que el oficialismo alienta la posibilidad de profundizar la estrategia de movilización permanente para dirimir conflictos sobre políticas públicas, leyes y fallos judiciales.
Consultado por A24.com, un alto funcionario del Presidente señaló: “Veo y siento que hay que persistir en enfrentar al odio más allá de las cuestiones partidarias”. ¿Eso implicaría una ley del Congreso? El hombre hizo silencio.
En la conducción del bloque de diputados del Frente de Todos aseguraron a A24.com que esa ley no está en la agenda como proyecto de ley. “Nada que ver, lo que pasa es que uno habla y los demás repiten”, señalaron. Pero hablaron varios.
La ley contra el delito de odio existe en Venezuela desde 2017 y en Nicaragua desde 2020. En virtud de ella, se encarcelaron a dirigentes opositores, candidatos presidenciales, periodistas y activistas sociales. En Venezuela, por ejemplo, está preso Javier Tarazona, defensor de derechos humanos pese a estar enfermo.
Alberto Fernández estuvo este lunes en la Casa Rosada con la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y con el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. No estuvo en la mesa la ley de odio, sino el pronunciamiento del Congreso el sábado último que condenó y pidió el esclarecimiento del atentado contra Cristina Kirchner perpetrado por Fernando Sabag Montiel.
Sin embargo, tras el ataque a la vicepresidenta, el Presidente culpó de “discurso de odio” a la oposición, a la Justicia y a los medios de prensa. Todos los funcionarios y dirigentes del Frente de Todos siguieron ese libreto.
El jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, dijo que “para que exista paz social hay que frenar la causa de Vialidad” en la Justicia. La directora del Inadi, Victoria Donda; la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti; y el asesor presidencial Alejandro Grimson propusieron la norma.
El periodista ultrakirchnerista Ezequiel Guazorra usó la “mesa del odio” celebrada en la Casa Rosada el viernes último por Alberto Fernández para atacar a periodistas independientes y decir “esta vez la sangre no va a ser nuestra”.
Además, Donda escribió en Infobae que “las armas de los odiadores las cargan los Macri, las Bullrich, los Milei, las Granata y los López Murphy”. El bloque de Juntos por el Cambio pidió la renuncia de la funcionaria, pero el Gobierno la respaldó. Patricia Bullrich y Carrió salieron a cruzar a Mayans, y la abogada Jimena Arce denunció a Guazorra por amenazas.
El nuevo discurso oficial puso el foco en el supuesto odio opositor, pero no cuestionó las fallas en la custodia de la vicepresidenta, a la que dejó caminar durante seis minutos en el lugar del atentado. Tampoco criticó con énfasis los peritajes al celular de Sabag Montiel por parte de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que provocaron la pérdida de toda la información de la principal prueba del delito.
Solo la oposición pidió la interpelación del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que había ofrecido su renuncia, no aceptada por el Presidente, por esas dos negligencias fundamentales. Los bloques oficialistas no plantearon objeciones a esas dos impericias que vulneraron la seguridad de la vicepresidenta.
De todos modos, confían en que se podrá recuperar la información del teléfono celular formateado y se podrá reconstruir parte del hecho con los celulares de su novia, Brenda Uliarte, y de cuatro amigos del agresor. Sabag Montiel y Uliarte eran frecuentes entrevistados por el canal Crónica TV, algo que se investiga en la causa, pero no causó interpelaciones oficiales.
Desde el Instituto Patria trascendió que se profundizará la estrategia de la movilización permanente en las calles. Luego del feriado decretado el viernes último por el Presidente, la masiva movilización en la Plaza de Mayo fue el preludio de la estrategia de ganar la calle.
La movilización permanente fue instrumentada apenas se conoció el alegato del fiscal Diego Luciani, que pidió una pena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner. Es así como comenzaron las marchas a la casa de Cristina Kirchner en la esquina de Juncal y Uruguay, sobrevino el enfrentamiento con la Policía de la Ciudad y Aníbal Fernández mandó a la Policía Federal a desplazar a los efectivos porteños. En ese proceso se produjo el atentado a Cristina Kirchner.
Los alegatos de los abogados defensores de los 13 imputados de la causa Vialidad comenzaron ayer y se estima que la defensa de Cristina Kirchner hará su alegato en dos o tres semanas. Sin embargo, el kirchnerismo descuenta una condena judicial y si bien las marchas en Juncal y Uruguay se desactivaron, se planean nuevas movilizaciones si avanza la causa.
Sin el control del Congreso y del proceso judicial, y con una mala perspectiva electoral para 2023, la masividad en las calles podría torcer la voluntad social en el electorado y ser más efectiva que una buena defensa jurídica o que las políticas de ajuste del ministro de Economía, Sergio Massa, que comenzarán a sentirse en estas semanas.
“En este momento ya la causa de Vialidad no le importa a nadie, después de lo que pasó con el atentado a Cristina Kirchner, que es gravísimo”, señaló un funcionario camporista de Balcarce 50. Otro de los interrogantes que se plantean en el oficialismo es el manejo del arma Bersa 32 del agresor Sabag Montiel.
Si el agresor quería disparar contra la vicepresidenta debió accionar la corredera y no lo hizo: no había una bala en la recámara. La investigación deberá dilucidar por qué no la accionó. Tal vez podría ser un argumento de su defensa, pese a que hasta ahora se negó a declarar. Podría argumentar como coartada que no tuvo intención de disparar, sino de asustar o de generar conmoción, lo cual también sería un grave delito.
En medio del ruido por el atentado, el Ministerio de Desarrollo Social que dirige Juan Zabaleta suspendió el viernes 38 mil planes Potenciar Trabajo porque sus beneficiarios percibían al mismo tiempo el Plan Progresar del Ministerio de Educación, lo cual es incompatible. Deberán optar por uno u otro programa, confirmaron a A24.com en el Ministerio de Desarrollo Social.
Ello podría disparar un conflicto con los movimientos sociales y la militancia, según temían en el área del ministerio de Zabaleta. Es parte del ajuste fiscal del ministro Massa. Esteban "Gringo" Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), vaticinó que esto podría causar problemas en la calle por beneficiarios que están en graves problemas económicos, según el diario El Día.
Mientras tanto, en el oficialismo siguen esgrimiendo la posibilidad de avanzar en una ley contra el “crimen del odio” y de condicionar la "paz social". La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, le respondió a Mayans que “en nombre de la ‘paz social’ nos bancamos políticos y sindicalistas millonarios, el despilfarro de los recursos del Estado y la entrega del espacio público. Ahora el colmo: el canje Mayans. Paz social por impunidad. Solo con el imperio de la ley y sin impunidad habrá paz social”.
La jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, dijo que “lo de Mayans es una amenaza mafiosa y violenta. Él dice: ‘Si quieren paz, que no haya justicia”.
En tanto, Elisa Trotta, defensora de Democracia y Derechos Humanos de Venezuela y exembajadora del disidente venezolano Juan Guaidó en la Argentina, señaló que “la ley de odio en Venezuela sirvió para suprimir la libertad de expresión y facilitar la censura”. Y “castiga con 20 años de prisión los discursos de odio como todo lo que está en contra del régimen de Nicolás Maduro”.
El experto en relaciones internacionales y exembajador en Israel y Costa Rica Mariano Caucino dijo a A24.com que en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega usó la ley de odio de 2020 para “atentar contra los Derechos Humanos y generar persecuciones políticas: siete de los principales candidatos alternativos al gobierno fueron detenidos, mientras que otros se vieron forzados a partir al exilio”.
