Los puntos que se discuten es reducir el contrato mínimo de tres a dos años, y la actualización de un año a seis meses, y evaluar algún cambio en el mecanismo para calcular esos ajustes que hoy se establecen en base a la inflación y aumento salarial promedio.
¿Cuál es la postura del Frente de Todos y la de Juntos por el Cambio?
Fuentes parlamentarias señalaron a Télam que hay diferentes posturas tanto en el Frente de Todos donde hay legisladores que mantienen la postura de asociaciones de inquilinos de no modificar la actual ley, mientras que otros buscan introducir cambios porque sostienen que se debe ayudar a mejorar la oferta de viviendas para alquilar.
Esta semana, la agrupación Inquilinos Agrupados adelantó en su cuenta de Twitter que hay consenso en torno a volver a los dos años como plazo mínimo contractual y a que la actualización de los precios se rija por medio del mercado inmobiliario.
Tampoco hay una postura única en Juntos por el Cambio donde los sectores reconocidos como "los halcones" del Pro quieren la derogación de esa ley y que el mercado se regule por el Código Civil y Comercial, mientras que la mayoría se pronuncia por volver a los contratos de dos años y una actualización semestral como era hace dos años.
Lo que si parece estar descartado es cualquier cambio impositivo como los que propusieron el oficialista José Luis Gioja de gravar la vivienda ociosa, o la iniciativa de Rogelio Frigerio (JxC) de eximir impuestos a los Bienes Personales.
Los diputados acordaron comenzar a analizar a fines de marzo la posibilidad de modificar la ley de Alquileres ante los problemas que empezaron a aparecer y por el cual hay una rebaja de la oferta de las viviendas para alquilar, y tras la solicitud de JxC de un pedido de sesión especial para derogar la ley sancionada en el 2020, y que fue promovida en el 2019 por el entonces oficialista Cambiemos.
Por ese motivo el FdT y JxC acordaron en los primeros días de abril analizar durante 30 días hábiles las reformas que se deben efectuar a la Ley sancionada en 2020 ante la reducción de una oferta para alquilar, con el fin de aprobar una nueva iniciativa en la primera quincena de mayo.
Lo concreto es que a lo largo de las rondas de consultas las diferencias fueron notorias ya que muchas entidades de defensa de los inquilinos expresaron un rotundo rechazo a realizar cualquier cambios, y las inmobiliarios que pidieron modificar la ley para reducir de tres a dos años los contratos y que la actualización se realice semestral en lugar de anual como es en la actualidad.