El oficialismo intentará firmar dictamen el martes y llevar la iniciativa al recinto al día siguiente, con respaldo de gobernadores del norte y Cuyo.
La Libertad Avanza intentará convertir en ley el próximo miércoles en la Cámara de Diputados la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa que propone redefinir el alcance de las áreas protegidas para habilitar tareas de exploración y explotación económica en sectores periglaciares que hoy están vedados para actividades extractivas e industriales.
El oficialismo diseñó una hoja de ruta acelerada para avanzar con el proyecto: el martes será debatido en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, donde expondrán gobernadores del norte del país que impulsan la iniciativa con el objetivo de atraer inversiones millonarias. Ese mismo día, el plan es firmar dictamen para llevar el texto al recinto en la sesión del miércoles 8 de abril.
La discusión en comisión se dará luego de las audiencias públicas realizadas el 25 y 26 de marzo, en las que participaron cerca de 400 expositores: unos 200 de manera presencial y otros 200 de forma virtual. La organización de esas jornadas generó fuertes críticas de organizaciones ambientalistas y bloques opositores, que cuestionaron el tratamiento del proyecto y denunciaron restricciones en la participación frente a la alta cantidad de inscriptos.
En el oficialismo se muestran confiados en reunir los 129 diputados necesarios para abrir la sesión y también en alcanzar los votos para sancionar la ley, que ya obtuvo media sanción definitiva en el Senado el pasado 26 de febrero.
La Libertad Avanza cuenta con una base de 94 votos propios, ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solo vota en caso de empate o cuando se requieren mayorías especiales. A ese número se sumarían 11 diputados de Innovación Federal, 2 de Producción y Trabajo, alrededor de 21 de Fuerzas del Cambio y entre 2 y 4 legisladores de Provincias Unidas.
La reforma fue impulsada por el Gobierno a pedido de gobernadores aliados, que buscan acelerar proyectos mineros en provincias del norte y de la región de Cuyo bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporado en la Ley Bases aprobada en 2024.
Entre los mandatarios que promueven el proyecto aparecen Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo, en una avanzada que tiene como telón de fondo el desarrollo de nuevas inversiones mineras, especialmente vinculadas al litio, el cobre y otros recursos estratégicos.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la modificación de los criterios de protección ambiental, ya que habilita actividades económicas en zonas que hasta ahora estaban estrictamente preservadas, en particular dentro del ambiente periglacial.
Además, la iniciativa propone transferir mayor poder de decisión a las provincias para definir qué áreas deben ser protegidas y cuáles pueden quedar habilitadas para otros usos, reduciendo así la intervención del Estado nacional en la delimitación de esos territorios.
