Desde el Gobierno hay varias posturas sobre cuál es la edad ideal para que un menor sea penado. El planteo de la ministra de Seguridad para bajarla a 12 años ya genera controversias dentro de la Casa Rosada y con aliados del PRO.
El Gobierno espera empezar a discutir el proyecto desde el 2 de febrero en cuatro comisiones (Foto: archivo).
En el marco del proyecto enviado por el presidente Javier Milei para que sea tratado en sesiones extraordinarias del Congreso a partir del 2 de febrero, en el Gobierno hay varias posturas sobre la edad a la que debe bajar la imputabilidad a menores que delinquen.
El debate lo planteó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, este martes, al afirmar que debería ser menos de 13 años, como lo planeaba el primer proyecto de Milei discutido en 2024 en Diputados, pero que por falta de consenso no llegó a ser votado en el recinto.
Ahora, tras el triunfo electoral de octubre, con viento a favor en el Congreso, la Casa Rosada lanzó el debate en simultáneo a otras reformas que considera vitales para el modelo económico, como la reforma laboral o la ley de glaciares.
“Argentina está rezagada en esta discusión. Excepto Brasil, todos los países de la región tienen la edad de imputabilidad entre los 12, 13 y 14 años”, sostuvo la sucesora de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad durante una entrevista con Radio La Red.
Monteoliva planteó llevar la edad de imputabilidad a los 12 años, al subrayar que el avance del crimen organizado modificó las dinámicas del delito y expuso con crudeza una problemática central: el reclutamiento de menores por parte de bandas criminales.
Las declaraciones de Monteoliva avanzaron un poco más allá de lo dispuesto el pasado lunes por la mesa política del oficialismo.
Según supo A24.com, con Karina Milei y Manuel Adorni a la cabeza; la jefa del bloque del Senado, Patricia Bullrich; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la mesa política del Gobierno había acordado reinstalar el proyecto original que planteaba la baja a 13 años.
“Nosotros vamos a reflotar el proyecto original que bajaba a 13 años, pero vamos a intentar unificarlo con otros proyectos presentados por otros bloques. Hay de 12, de 13 y de 14 años", señaló a A24.com una importante fuente del oficialismo.
La misma fuente admitió que, de no conseguir apoyo para bajar a 13 años, en última instancia el Gobierno aceptaría confluir en los 14 años.
"Delito de adulto, pena de adulto", había dicho el Presidente esta semana, al confirmar la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias que regirá del 2 al 27 de febrero.
Pero en el oficialismo de Diputados admitían que es un debate de fondo que podría extenderse incluso para después de que comience el período de sesiones ordinarias el 1 de marzo, ya que para aprobar dictamen y que luego se pueda votar en el recinto, primero tiene que discutirse en cuatro comisiones.
A menos de una semana de que arranquen las sesiones extraordinarias, el proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil del Gobierno ya genera controversias con aliados como el PRO. En ese sentido, el jefe del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, el partido de Mauricio Macri, se planta en bajar la edad a los 14 años.
"En su momento, presenté uno de los primeros proyectos integrales, convencido de que necesitamos un sistema que combine responsabilidad penal con garantías reales y, sobre todo, capacidad de ejecución”, dijo Ritondo.
“¿Por qué 14 y no 13 (como propone el Gobierno)? Fundamentalmente por una cuestión de prudencia científica y de realidad operativa”, responden desde el entorno más cercano a Ritondo.
Así el PRO, volvió a marcar una postura independiente del Ejecutivo después de la polémica por la conformación de organismos de control como la AGN.
Allegados a Ritondo, advierten que “no hay consenso médico ni psicológico sobre si un chico de 12 o 13 años comprende plenamente la criminalidad de sus actos”.
Por otro lado, señalan que “hoy el Estado tiene enormes dificultades para alojar y tratar a los menores que ya están en el sistema” y advierten que “bajar la edad implica un esfuerzo grande en términos de infraestructura" y que “bajar la edad a 13 años duplicaría la población de internos de un día para el otro”.
Además, sostienen que “mantener el límite en 16 años nos deja casi aislados (solo Cuba tiene ese régimen en la región) y pensar en los 15 años, como sucede en los países nórdicos (Finlandia, Noruega), ignora nuestra realidad” y consideran que Argentina "debe alinearse con el estándar de democracias occidentales como las de Alemania, España, Italia, Chile, Uruguay y Colombia, entre otros. Allí, fijan la imputabilidad en los 14 años. Es el punto de equilibrio más razonable", según consideran desde el PRO.
Otro punto crítico a tener en cuenta es el financiamiento: “Más allá de la edad, la discusión es estéril si no hablamos de recursos. Un nuevo régimen no se sostiene solo con código penal; necesita un presupuesto que lo sostenga”, advierten desde el partido amarillo, donde consideraron “un populismo penal” bajar la edad sin invertir en infraestructura.
