Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, el expresidente de la AFA, Luis Segura y los gremialistas Carlos Pandolfi y Norberto Monteleone, fueron sobreseídos por una curiosa falla técnica en el juicio.
Aníbal Fernández, absuelto
en la causa de Fútbol para Todos. Foto: Telam).
El Tribunal Oral Federal absolvió este viernes a Aníbal Fernández, Gabriel Mariotto y Jorge “Coqui” Capitanich en la causa por presuntas irregularidades en el manejo de fondos del programa Fútbol Para Todos. La decisión alcanzó también a otros exfuncionarios, dirigentes de la AFA y miembros de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).
Los jueces José Michilini, Adrián Grunberg y Ricardo Basílico concluyeron de manera unánime que la acusación presentada por la fiscalía tenía fallas graves y no cumplía con los estándares legales requeridos para sostener una condena.
Según el veredicto, la exposición del fiscal Miguel Osorio y de la fiscal María Andrea Garmendia Orueta careció de fundamentos sólidos. La acusación:
Ante esto, los jueces señalaron que no contaban con elementos suficientes para evaluar técnicamente las conclusiones de la fiscalía, lo que derivó en la absolución general y en la devolución de bienes embargados.
Fueron absueltos también el expresidente de la AFA Luis Segura, Miguel Ángel Silva, Rubén Manuel Raposo, Natale Antonio Rigano (Iveco) y directivos de cooperativas como Eduardo Fortunato Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Daniel Dávola.
Rafael Armando Savino y José Lemme, ambos de la AFA, fallecieron durante el proceso y no integraron el veredicto final.
La resolución fue comunicada por Zoom a todas las partes y podrá ser apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal. Los fundamentos completos se difundirán el 11 de marzo de 2026.
La investigación se inició en 2014 a partir de una denuncia de la exlegisladora Graciela Ocaña, quien advirtió sobre posibles manejos irregulares de fondos en el programa Fútbol Para Todos, implementado durante el kirchnerismo para garantizar transmisiones gratuitas de los partidos de primera división.
Según la acusación, entre 2010 y 2015 se habría producido un perjuicio al Estado estimado en 131 millones de pesos, principalmente por:
