La fiscalía contestó de manera integral los planteos preliminares formulados por 55 defensas. Ahora, el TOF 7 deberá brindar un nuevo cronograma de audiencias con las fechas de indagatorias.
La UIF rechazó la nulidad del proceso tras el pedido de los acusados para anular el juicio.
La causa Cuadernos volvió al centro de la escena judicial este jueves con una nueva audiencia clave en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7. En esta etapa, la fiscal Fabiana León respondió a los planteos de nulidad y objeciones presentados por las defensas de los imputados, en un proceso que involucra a exfuncionarios y empresarios acusados de integrar un presunto esquema de corrupción.
El debate oral avanza tras la reanudación de las actividades luego de la feria judicial y concentra la atención política y judicial por el alcance de las acusaciones. En esta jornada, la fiscalía contestó de manera integral los planteos preliminares formulados por 55 defensas que representan a 68 acusados, quienes buscan modificar el rumbo del juicio o incluso lograr la nulidad del proceso.
Desde la Unidad de Información Financiera (UIF), el titular del organismo, Mariano Galpern, defendió la participación del Estado como querellante y sostuvo que “no existe ninguna nulidad que invalide este proceso”. En ese sentido, aseguró que la causa “superó todas las instancias de control” y que ninguna defensa logró demostrar la existencia de un acto concreto afectado por irregularidades.
“El proceso penal no puede convertirse en un mecanismo en el que la reiteración sustituya al argumento real”, remarcó Galpern ante el tribunal, en línea con la estrategia de la acusación para sostener la validez del expediente.
Desde la reanudación del juicio, las audiencias estuvieron centradas en escuchar los planteos de las defensas. Entre los puntos más cuestionados figuran la legitimidad de la UIF para intervenir en la causa, la constitucionalidad y aplicación del régimen del imputado colaborador establecido en la Ley 27.304, y la nulidad de diversos actos procesales.
Además, varias defensas presentaron recusaciones contra los jueces del tribunal y plantearon estrategias similares orientadas a obtener la nulidad del juicio o el sobreseimiento de sus representados.
El primer planteo de peso fue el del abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, quien solicitó la nulidad del proceso. Argumentó que las declaraciones de los arrepentidos habrían sido obtenidas bajo presión o extorsión, y denunció irregularidades en la designación del juez y del fiscal original de la causa, en lo que definió como un supuesto caso de “forum shopping”.
Varios abogados adhirieron a esta postura y también cuestionaron la validez de los denominados cuadernos del chofer Oscar Centeno, al sostener que pericias detectaron tachaduras, modificaciones y posibles alteraciones en algunos documentos.
Otro de los planteos relevantes fue el de la defensa del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, quien pidió el sobreseimiento por prescripción de los delitos. Según argumentó, los hechos investigados ya habrían caducado al momento de su indagatoria, debido al tiempo transcurrido desde que dejó la función pública.
En paralelo, distintas defensas insistieron en apartar a la UIF como querellante, lo que, de prosperar, eliminaría parte de la acusación y modificaría el alcance del juicio.
La resolución de estos planteos podría impactar de manera directa en el desarrollo del proceso. En caso de que algunos recursos sean admitidos, el juicio podría sufrir cambios sustanciales o incluso retrocesos en determinadas líneas de investigación.
Se espera que, tras escuchar la postura de la fiscalía, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli dispongan un cuarto intermedio para analizar los argumentos y definir los próximos pasos.
Otro eje central de la audiencia es la posibilidad de que el tribunal presente un nuevo cronograma para darle mayor celeridad al juicio. La fiscal León solicitó formalmente que se establezcan fechas para avanzar con las declaraciones presenciales e indagatorias pendientes.
El presidente del tribunal, Méndez Signori, adelantó que el cronograma será anunciado en próximas audiencias, lo que podría marcar una nueva etapa en el debate oral.
Según la acusación, la expresidenta y exfuncionarios habrían implementado “un plan integral de recaudación ilegal”, mediante el cual empresarios de la construcción, energía y transporte entregaban dinero a cambio de beneficios en contratos y decisiones del Estado.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el presunto sistema contó con al menos dos circuitos complementarios: uno en el que funcionarios públicos recaudaban el dinero en efectivo, y otro vinculado a intermediarios que garantizaban la logística de los pagos.
El desarrollo de las próximas audiencias será determinante para el futuro de uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años, con impacto político y judicial en la agenda nacional.
