Mario Rovella, dueño de una constructora, hizo el pedido de retirar su testimonio en la reanudación de las audiencias. Además, Ricardo Jaime presentó una recusación contra uno de los jueces.
Segunda audiencia del juicio por la causa Cuadernos de las Coimas, que tiene a Cristina Kirchner entre los principales involucrados. (Foto: captura YouTube @pjn)
El Tribunal Oral Federal 7 reanudó este martes las audiencias del juicio por la causa conocida como los “Cuadernos de las Coimas”, uno de los expedientes de corrupción más relevantes de la política argentina, con la expresidenta Cristina Kirchner como principal acusada. La jornada estuvo marcada por nuevos planteos de nulidad, recusaciones y cuestionamientos al proceso, en una estrategia que comparten varias defensas.
Al inicio de la audiencia, el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime presentó una recusación contra el juez Fernando Canero, integrante del tribunal. Sin embargo, el presidente del TOF 7 resolvió que el planteo sea tratado por secretaría para evitar demoras y permitir que la audiencia continúe con normalidad.
En paralelo, la defensa del empresario Mario Rovella, titular de la constructora Rovella Carranza, solicitó anular su declaración como arrepentido. El abogado Pablo Medrano argumentó que su cliente brindó ese testimonio bajo “coacción” y que su voluntad fue “doblegada” mediante amenazas de prisión.
Según sostuvo el letrado ante el tribunal, el uso de la figura del arrepentido en este expediente habría sido incompatible con el Estado de Derecho. “Se trata de un mecanismo utilizado de forma sistemática en este proceso”, señaló durante su exposición.
Rovella había reconocido en su momento el pago de dinero ilegal presentado como “aportes” a campañas políticas. Ahora, ofreció una reparación económica cercana al medio millón de dólares con el objetivo de extinguir la acción penal. El tribunal deberá evaluar ese pedido en los próximos días.
Todos los planteos preliminares serán resueltos al cierre de esta etapa del juicio. La estrategia no es nueva y ya había sido utilizada por otras defensas. El primero en hacerlo fue el abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, quien denunció un presunto “forum shopping” en el origen de la causa.
En ese sentido, apuntó contra el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, al considerar que hubo un manejo extorsivo de la figura del arrepentido para obtener declaraciones incriminatorias.
Estos argumentos fueron retomados por varios acusados que también pidieron la nulidad del proceso. Entre ellos, la defensa de Roberto Baratta, a cargo de Marcos Aldazabal, insistió en la relación entre Stornelli y el falso abogado Marcelo D’Alessio, condenado por extorsión y espionaje ilegal.
Por su parte, el abogado Maximiliano Rusconi, defensor del exministro de Planificación Julio De Vido, cuestionó la acusación y recordó que su cliente fue absuelto del delito de asociación ilícita en la causa Vialidad.
Baratta y De Vido fueron señalados por empresarios arrepentidos como piezas centrales del presunto esquema de recaudación ilegal. Según la acusación, Baratta, junto a su chofer Oscar Centeno, habría sido el encargado de recibir el dinero en efectivo, mientras que De Vido ocupaba un rol jerárquico dentro de la estructura.
Una vez resueltos los planteos preliminares, el Tribunal Oral Federal 7 dará intervención a la fiscalía y a la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), que deberán responder antes de que el tribunal defina si se avanza hacia la etapa de producción de pruebas e indagatorias.
El proceso judicial busca determinar si existió una asociación ilícita destinada a recaudar fondos ilegales entre 2003 y 2015, durante los gobiernos kirchneristas. La expresidenta enfrenta cargos por presunta jefatura de la organización, además de delitos de cohecho.
La acusación sostiene que el sistema de recaudación se basó en la entrega de dinero por parte de empresarios de la construcción, el transporte y la energía, a cambio de beneficios en contratos y decisiones estatales.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, se habría implementado “un plan integral con logística destinada a recaudar dinero en efectivo”. Ese esquema, según los investigadores, contaba con al menos dos canales independientes, pero complementarios.
En uno de ellos, los propios funcionarios públicos habrían sido los encargados de recibir los fondos. El otro incluía intermediarios y operadores que facilitaban la entrega y el traslado del dinero.
La causa de los cuadernos se convirtió en uno de los expedientes judiciales más resonantes de las últimas décadas. El juicio no solo tiene impacto en el plano judicial, sino también en el escenario político, ya que involucra a figuras centrales del kirchnerismo.
En las próximas audiencias, el tribunal deberá definir si las nulidades planteadas prosperan o si el proceso avanza hacia la etapa probatoria. De esa decisión dependerá el ritmo de un juicio que podría extenderse durante varios meses.
Mientras tanto, el expediente continúa generando repercusiones en el ámbito político y judicial. El desarrollo de las audiencias será seguido de cerca por el sistema institucional y por la opinión pública, en un caso que mantiene alta expectativa sobre el futuro judicial de la expresidenta.
