El Tribunal Oral Federal Nº 7 retoma este jueves 4 de diciembre las audiencias del juicio por la Causa Cuadernos, luego del fallido intento de recusación presentado por la defensa de Julio De Vido.
En la audiencia clave, el Tribunal Oral Federal N.º 7 avanza en la Causa Cuadernos con la exposición del núcleo de la acusación fiscal: un sistema de recaudación ilegal estructurado desde el Ministerio de Planificación entre 2003 y 2015.
El Tribunal Oral Federal Nº 7 retoma este jueves 4 de diciembre las audiencias del juicio por la Causa Cuadernos, luego del fallido intento de recusación presentado por la defensa de Julio De Vido.
En esta nueva etapa, la fiscalía pondrá el foco en la parte final del requerimiento de elevación a juicio, donde queda expuesto el “sistema organizado y jerárquico” que habría funcionado entre 2003 y 2015 dentro del Ministerio de Planificación.
La jornada se centrará en las últimas 47 páginas del tercer requerimiento, donde la acusación describe cómo, de acuerdo a su análisis, se estructuró un mecanismo de recaudación ilegal con dos canales principales: uno encabezado por funcionarios que retiraban dinero directamente de las empresas, y otro por intermediarios financieros que recolectaban fondos provenientes de retornos pactados previamente con contratistas de obra pública.
Según el documento que se leerá hoy, existió un mecanismo dual: retiro directo de fondos de compañías por parte de funcionarios o sus enviados; recaudación a través de actores financieros, quienes recibían dinero ilegal vinculado a adjudicaciones, certificaciones, ampliaciones de obra y pagos demorados.
La fiscalía menciona que empresas como Panedile, Faraday, Secco y JCR habrían participado de un sistema de “pagos ilegales inducidos por la expectativa cierta de beneficios”, entre ellos licitaciones favorables, aceleración de procesos administrativos o destrabes regulatorios.
En este punto, el Ministerio Público Fiscal asegura que puede conectar llamadas, movimientos financieros, visitas, adjudicaciones y encuentros registrados en la causa con decisiones estatales y con el movimiento de bolsos que quedaron registrados en los cuadernos del chofer Oscar Centeno.
Lo que buscará exponer el fiscal Carlos Stornelli es el armado conceptual que une toda la prueba recabada: la existencia de un esquema centralizado, con un “comando ejecutor”, que habría tenido como destino final un departamento ubicado en la calle Uruguay, donde vivió Cristina Kirchner; y la Quinta de Olivos, donde Daniel Muñoz , exsecretario de Néstor Kirchner, habría recibido los bolsos con dinero.
La fiscalía sostiene que Muñoz era “el receptor final de los fondos”, mientras que Cristina Kirchner era “la jefa de la asociación ilícita”. La expresidenta es la principal acusada en el juicio.
Si el tiempo de la audiencia lo permite, también se avanzará en la parte del requerimiento dedicada a Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación. Según la acusación, fue “la pieza operativa clave del circuito de recaudación” y actuó como nexo permanente entre empresarios, intermediarios y funcionarios.
La fiscalía sostiene que Baratta no solo coordinaba retiros de dinero sino que administraba rutas, fechas y contactos para la recolección.
En este juicio se investigan 540 hechos de presuntos pagos ilegales de empresarios al Poder Ejecutivo para acceder a contratos de obra pública entre 2003 y 2015.
Los principales acusados son:
En total, 87 personas están siendo juzgadas.
La fiscalía deberá justificar la veracidad y coherencia de los imputados colaboradores, cuyas declaraciones son cuestionadas por las defensas, y demostrar que existió un funcionamiento sistemático del circuito de recaudación descrito en los famosos cuadernos.