Con vigilia y movilización, los activistas no ocultaron su alegría y su alivio al conocerse el rechazo de la Cámara de Diputados. La medida obtuvo 172 votos afirmativos, 73 en contra y 2 abstenciones.
Celebración y festejos: cómo se vivió en la plaza Congreso el rechazo al veto a ley de discapacidad.
La ley de emergencia en discapacidad, aprobada por el Congreso y vetada luego por el presidente Javier Milei, volvió a escena este miércoles en la Cámara de Diputados que decidió rechazar el veto y reimpulsar la normativa. El debate, cargado de tensión política y movilización ciudadana, reunió a activistas, familiares y organizaciones en una vigilia que comenzó la noche anterior en pleno centro porteño.
En una jornada considerada histórica por muchos sectores de la sociedad civil, la insistencia legislativa obtuvo 172 votos afirmativos, 73 en contra y 2 abstenciones. Con este resultado, la ley —que establece actualizaciones automáticas de las asignaciones y prestaciones para personas con discapacidad— quedó en condiciones de pasar al Senado para su tratamiento final.
“Son derechos humanos, son derechos adquiridos”, expresó una de las manifestantes en diálogo con medios presentes durante la vigilia. “Esto tiene que ser reafirmado por los senadores”, agregó con convicción.
El apoyo a la normativa se gestó en un contexto de alta sensibilidad social. Decenas de personas se concentraron frente al Congreso para exigir que se respete una ley que consideran esencial para garantizar una calidad de vida digna a personas con discapacidad. Las organizaciones presentes desplegaron carteles, banderas y cánticos en defensa de la medida.
La movilización fue especialmente emotiva. Muchas de las familias presentes relataron las dificultades que enfrentan para acceder a tratamientos, terapias, transporte o insumos básicos, agravadas por la inflación y los recortes presupuestarios. Por eso, la vigilia no fue solo una manifestación política, sino también un acto de desesperación y esperanza.
La normativa votada inicialmente por el Congreso y ahora reimpulsada tras el rechazo al veto, declara la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Entre sus puntos centrales, fija un mecanismo automático de actualización de prestaciones conforme al índice de inflación (IPC).
Además, retrotrae los valores de las prestaciones arancelarias al 1 de diciembre de 2023 y los actualiza con la inflación acumulada desde entonces. También actualiza el nomenclador de prestaciones y fija una indexación mensual automática para las pensiones no contributivas, algo que fue celebrado como un paso importante por los sectores más vulnerables.
En paralelo al debate legislativo, un fallo judicial amplificó la controversia. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró inconstitucional el veto presidencial a la Ley 27.793, que establece la emergencia en discapacidad. La resolución fue resultado de un amparo presentado por una familia con dos hijos con discapacidad.
“El derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”, indicó el magistrado, que dispuso hacer lugar parcialmente al amparo. Este fallo no solo complica el camino del veto, sino que podría abrir la puerta a nuevas presentaciones judiciales en caso de que el Senado no ratifique la ley.
Con el aval de la Cámara de Diputados, ahora el Senado deberá definir el futuro de la ley de emergencia en discapacidad. La oposición apuesta a sostener la misma correlación de fuerzas que logró en la sesión del 4 de junio, donde la normativa fue aprobada con una mayoría sólida.
Para insistir con la ley, la oposición deberá alcanzar los dos tercios de los votos presentes. Por su parte, el oficialismo podrá ratificar el veto con un tercio, siempre dependiendo del quórum en la Cámara Alta.
En este escenario, las familias y organizaciones que luchan por la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad siguen en alerta. La expectativa ahora está puesta en los senadores y su capacidad de responder a una demanda urgente, que toca de lleno la dignidad y el bienestar de miles de ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
