La Cámara alta sesionará este jueves desde las 11 para tratar los decretos de reorganización del Estado y los proyectos que amplían el presupuesto universitario y refuerzan la emergencia pediátrica. Otra jornada clave tras el debate en Diputados.
El Senado tiene previsto este jueves llevar adelante una sesión que podría suponer un golpe político al Gobierno con la caída de los decretos delegados y la aprobación de la ampliación del presupuesto de las universidades nacionales y el refuerzo financiero para el Hospital Garrahan.
La reunión del cuerpo se realizará a partir de las 11, luego de que los jefes de bloque alcanzaran un acuerdo en la labor parlamentaria del miércoles, mientras en la Cámara baja se debatían los vetos presidenciales. La vicepresidenta Victoria Villarruel accedió a adelantar el inicio de la sesión, ya que las ordinarias habían sido fijadas para el jueves a las 14.
La sesión tendrá lugar un día después de que Diputados rechazara el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad pero que no pudiera mantener esa misma desestimación para el aumento a las jubilaciones.
En paralelo, las comisiones de la Cámara alta firmaron dictamen favorable este martes al financiamiento universitario y a la emergencia en pediatría, que llegaron con media sanción de Diputados. La expectativa está puesta en lograr los dos tercios de los votos para habilitar su tratamiento sobre tablas. Se necesita ese número porque el reglamento del Senado establece que deben transcurrir siete días entre la firma de un dictamen y su llegada al recinto, tiempo que no transcurrió.
Los proyectos cuentan con respaldo transversal. Entre los firmantes aparecen legisladores de la UCR, como el chaqueño Víctor Zimmerman, marginado de las listas nacionales tras el acuerdo de Leandro Zdero con Karina Milei. También dieron su apoyo la santacruceña Natalia Gadano, la cordobesa Alejandra Vigo, la porteña Guadalupe Tagliaferri, la tucumana Beatriz Ávila, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; y la chubutense Edith Terenzi, entre otros.
Antes de discutir los proyectos de universidades y salud, el temario incluye el debate sobre los decretos delegados de reorganización del Estado impulsados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Están en la lista el decreto 462/25, que reestructura dependencias de la secretaría de Transporte como el INTA y el INTI; el 345/25, sobre Cultura; el 351/25, que modifica el Banco Nacional de Datos Genéticos; y el 461/25, que dispone el cierre de Vialidad Nacional. También se pondrá a consideración un DNU que desregula la Marina Mercante y restringe el derecho a huelga.
Los últimos dos decretos se encuentran suspendidos por medidas cautelares. Si resultaran rechazados, el Ejecutivo no tendrá margen para revertir la decisión.
El proyecto votado en Diputados prevé una recomposición presupuestaria de gastos de funcionamiento de las universidades nacionales ajustada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024, con actualizaciones bimestrales a lo largo de 2025.
Además, obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la entrada en vigencia de la ley en un nivel que no sea inferior a la inflación acumulada. También ordena convocar a una paritaria universitaria con carácter obligatorio en un plazo máximo de tres meses, con aumentos mensuales que acompañen la evolución de los precios.
La propuesta incluye, a su vez, la recomposición de todos los programas de becas estudiantiles vigentes desde diciembre del año pasado y garantiza los créditos presupuestarios para sostener su continuidad.
El segundo proyecto que espera sanción establece la emergencia en pediatría y autoriza una asignación prioritaria e inmediata de recursos para insumos, mantenimiento, medicamentos, vacunas, equipamiento médico y personal esencial en hospitales pediátricos.
El texto también dispone la recomposición salarial del personal asistencial y no asistencial, que no podrá ser inferior al nivel real de noviembre de 2023, y establece la exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen tareas críticas, horas extras o guardias.
La norma apunta de manera directa a la resolución 2109/25 del ministro de Salud, Mario Lugones, que modificó el esquema de becas de las residencias médicas, al disponer su derogación. Y además crea una comisión de seguimiento integrada por legisladores, autoridades sanitarias y representantes de la Sociedad Argentina de Pediatría, con informes trimestrales públicos sobre el cumplimiento de la ley.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal del proyecto asciende a $65.573 millones entre julio y diciembre de 2025, lo que representa un total de $133.433 millones anualizados.
