Boletín Oficial

Conflicto portuario: el Gobierno intimó a más de 500 trabajadores a levantar el paro que mantiene 140 barcos detenidos

La Prefectura Naval ordenó que vuelvan a prestar servicio tras el cese de actividades iniciado por el nuevo decreto de desregulación. Advirtió sobre sanciones administrativas y posibles denuncias penales.

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El Gobierno intimó a más de 500 prácticos a retomar sus tareas y escala el conflicto que paraliza los puertos

El Gobierno intimó a más de 500 prácticos a retomar sus tareas y escala el conflicto que paraliza los puertos

La medida de fuerza comenzó luego de que el Ejecutivo publicara el Decreto 690/2026, que modifica el régimen del servicio de practicaje y pilotaje y desregula la actividad.

El organismo recordó que, como autoridad de aplicación del Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje, los profesionales habilitados deben cumplir regularmente las tareas para las que fueron autorizados.

La intimación alcanza a los prácticos encargados de asistir a los buques durante las maniobras de ingreso y salida de ríos, canales y puertos argentinos, una actividad considerada clave para el funcionamiento del comercio exterior.

Qué cambia con el decreto de Javier Milei

El conflicto se originó tras la publicación del decreto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que reemplaza el régimen vigente desde 1991.

Entre los principales cambios, la norma:

  • Crea un registro abierto de prácticos bajo la órbita de la Prefectura Naval.
  • Permite que los usuarios elijan libremente a los prestadores del servicio.
  • Elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales.
  • Faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) a fijar tarifas máximas.
  • Obliga a publicar los valores del servicio para fomentar la competencia.
  • Elimina la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido.
  • Flexibiliza el traslado de los profesionales y amplía las excepciones para determinados buques.

Los trabajadores del sector rechazaron la medida y resolvieron suspender la asistencia a embarcaciones nacionales y extranjeras hasta que el decreto sea suspendido o derogado.

El impacto del paro

La interrupción del servicio comenzó a afectar el movimiento de los principales puertos del país. Según datos del Centro de Navegación (CNAV), al menos 140 buques quedaron pendientes de confirmación para realizar maniobras de ingreso o salida, lo que generó demoras en exportaciones e importaciones y obligó a redireccionar algunas operaciones hacia el puerto de Montevideo y terminales del sur de Brasil.

Desde el sector advirtieron sobre pérdidas millonarias por incumplimientos contractuales y demoras en la salida de mercaderías, especialmente granos y combustibles.

La Cámara Argentina de Energía (CADE) también informó que las operaciones de sus empresas asociadas quedaron afectadas, con riesgo de complicaciones en el abastecimiento de combustibles. Entre los puertos comprometidos figuran Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova.

Entre los bienes más complejos que se exportan desde CABA, figuran el cloruro de níquel y el grafito en aceite mineral. (Foto archivo)

Entre los bienes más complejos que se exportan desde CABA, figuran el cloruro de níquel y el grafito en aceite mineral. (Foto archivo)

Además, quedó demorada la operación del buque White Marlin, que debía participar en tareas vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y permaneció fondeado sin poder ingresar al puerto por la falta de un práctico habilitado.

La advertencia de la Prefectura

En la intimación, la Prefectura citó los artículos 190 y 194 del Código Penal, que contemplan penas para quienes pongan en riesgo la seguridad de una embarcación o entorpezcan el funcionamiento del transporte por agua.

El organismo sostuvo que la interrupción del practicaje puede comprometer la seguridad de la navegación y afectar un servicio regulado por la Ley de Navegación, por lo que advirtió que avanzará con las actuaciones administrativas y judiciales que correspondan si el paro continúa.