Alberto Fernández dio marcha atrás en la decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación que había anunciado el jueves tras una cumbre con gobernadores del PJ. (Foto: Presidencia)
La interna en el Gobierno y las presiones por las denuncias penales en su contra y en contra de los ministros y funcionarios responsables de la distribución de los fondos de coparticipación, llevaron al presidente Alberto Fernández a dar marcha atrás en la decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Anunció este lunes que le pagará los fondos reclamados a Horacio Rodríguez Larreta, pero en bonos.
La nueva estrategia de la Casa Rosada busca ganar tiempo, por 90 días, mientras sigue la pelea judicial: "Las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la CSJN y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado", señaló el presidente en su cuenta oficial en Twitter.
La decisión provocó que los dirigentes de la oposición, como la titular del PRO, Patricia Bullrich, anunciara que no presentará una denuncia contra el mandatario y los ministros de Economía y del Interior, y la titular del Banco nación, por traición a la patria, desacato y ruptura del orden democrático.
El choque de poderes al que se encaminaba la Argentina luego de que el jueves el presidente presionado por los gobernadores del PJ, anunció que el fallo era imposible de cumplir, hizo recapitular al Poder Ejecutivo, que ahora piensa pagar los fondos que ordenó restituir la Corte a la Ciudad de Buenos Aires, a 90 días.
La medida, sin embargo, fue rechazada por el gobierno de la Ciudad, que acusa al Poder Ejecutivo nacional de no cumplir el fallo, ya que los pagos deben ser diarios.
La decisión de Alberto Fernández provocó un silencio rotundo del ala kirchnerista del gobierno y de los ministros de Economía, Sergio Massa, y del Interior, Wado De Pedro, mientras se espera la reacción que tendrá la vicepresidenta Cristina Kirchner en su reaparición pública prevista para este martes a las 19 en un acto junto al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
Otro funcionario cercano a la vicepresidenta, el ministro del Interior, Wado De Pedro, salió a aclarar a través de sus voceros, que no forma parte de la polémica, y pateó la pelota al Ministerio de Economía, que anunció, en acuerdo con el presidente, que las sentencias judiciales, les guste o no, se deben cumplir.
Ante las reiteradas consultas sobre la aplicación del fallo de la corte en relación con el Ministerio del Interior, aclaramos: "El Ministerio del Interior no toma intervención alguna en el pago del monto establecido en dicha norma para solventar el traspaso de competencias a CABA".
De hecho, "ni siquiera es parte en el expediente que tramita en el juicio ante la CSJN", señalaron las fuentes a A24.com.
Cerca de Wado De Pedro señalaron que quien lleva la defensa del Estado Nacional es el ministerio de Economía y el Procuración del Tesoro Nacional, es decir, Eduardo Zannini, un hombre muy cercano a Cristina Kirchner. Tanto es así, que todas las presentaciones realizadas en la causa debieron hacerse a través de su servicio jurídico.
Como abogado, Alberto Fernández evaluó que no acatar el fallo podría dejar mal parado a todo el gobierno, en medio de denuncias de la oposición, que salió unida a defender a Rodríguez Larreta.
En ese marco, luego del fin de semana de Navidad, el presidente hizo el anuncio en soledad, en Twitter, pero en una dirección casi contraria a lo que había firmado el jueves con 14 gobernadores del PJ que le reclamaron "no acatar el fallo", tal el caso del kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco).
Fernández reiteró su acusación a la Corte de entrometerse en funciones del Ejecutivo, como son la distribución de los recursos nacionales, y por eso insistió en continuar la recusación de los jueces:
"Las decisiones judiciales son obligatorias, aun cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho, buscaré revertir la mala resolución de la CSJN y retomar la senda del federalismo, observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer", agregó.
Por eso instruyó a la Jefatura de Gabinete de Ministros "para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos".
Ordenó al Procurador del Tesoro que presente un recurso de revocatoria “in extremis” contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta" y ordenó "recusar a los Jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas".
Finalmente, ordenó al ministerio de Economía "enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial, conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22".
En este último caso, la decisión de Fernández no es al azar, sino que busca involucrar a la oposición en el Congreso para aprobar una modificación al presupuesto nacional 2022, para que se reasignen las partidas ordenadas por la Corte.