La defensa de la ex presidenta afirmó que el uso de la tobillera electrónica es una medida excepcional. La Cámara Federal de Casación deberá revisar el planteo.
La defensa de la ex mandataria cuestionó los límites impuestos durante el cumplimiento de la condena en la causa Vialidad. (Foto: archivo)
Cristina Kirchner apeló las restricciones impuestas en su prisión domiciliaria y logró que la Cámara Federal de Casación revise la decisión que mantuvo sobre la tobillera electrónica, los límites a las visitas y las restricciones para utilizar la terraza del edificio donde cumple la condena de seis años de prisión por la causa Vialidad.
La medida fue adoptada luego de que el Tribunal Oral Federal 2 concediera un recurso presentado por la defensa contra la resolución del 5 de junio, cuando se rechazó el pedido para flexibilizar las condiciones del arresto domiciliario que la ex presidenta cumple en el departamento ubicado en San José 1111.
El juez de ejecución de la condena, Rodrigo Giménez Uriburu, había desestimado los planteos para retirar el dispositivo de control electrónico, modificar el régimen de visitas vigente y ampliar el acceso a la terraza, que actualmente está permitido durante dos horas por día.
En la apelación presentada ante Casación, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy sostuvieron que la resolución incurrió en “arbitrariedad”. Respecto de las visitas, señalaron que el argumento central para mantener las restricciones es preservar la tranquilidad del entorno, aunque advirtieron que esa fundamentación “carece de sustento empírico” porque ningún vecino del edificio presentó quejas.
La defensa también cuestionó las limitaciones para el uso de la terraza y afirmó que la resolución no explica de qué manera una flexibilización de esa medida podría afectar la convivencia dentro del edificio.
Además, los abogados remarcaron que no se valoró adecuadamente la “conducta irreprochable” de la ex presidenta durante el primer año de detención, período que se cumplió ayer. En ese sentido, señalaron una “situación paradojal”, ya que un supuesto incumplimiento relacionado con la visita simultánea de nueve economistas el 17 de noviembre pasado derivó en un régimen más restrictivo, mientras que el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas no generó ningún beneficio.
La presentación también cuestionó que no se aplicara el principio de progresividad previsto en la Ley de Ejecución Penal 24.660.
Sin embargo, el Tribunal rechazó los planteos al considerar que “el adecuado acatamiento de las reglas de conducta invocado por la defensa como fundamento de su pretensión no constituye, por sí solo, una circunstancia que habilite a concluir que las restricciones actualmente vigentes han perdido su razón de ser”.
Además, el juez sostuvo que “el régimen progresivo” de cumplimiento de penas fue diseñado para personas alojadas dentro del sistema penitenciario. En ese sentido, señaló que la prisión domiciliaria “constituye una modalidad excepcional de cumplimiento de la pena privativa de la libertad, sometida a un régimen jurídico propio y a mecanismos particulares de supervisión y control”.
En relación con la tobillera electrónica, la defensa citó un relevamiento realizado por el Consejo de la Magistratura de la Nación que, según sostuvo, demuestra que ese mecanismo de control tiene un carácter “excepcional”. A partir de ese informe, argumentó que las condiciones impuestas a la ex mandataria presentan un nivel de severidad superior al que reciben la mayoría de las personas que cumplen prisión domiciliaria. Asimismo, reiteró que no existe riesgo de fuga que justifique la utilización del dispositivo.
La discusión sobre las condiciones del arresto domiciliario se produjo mientras se cumplió un año de la detención de la ex presidenta. En ese marco, el juez confirmó la continuidad del régimen vigente durante la misma semana en que le llamó la atención y la advirtió por un acto de apoyo realizado frente al edificio donde reside.
Según se informó, durante esa manifestación se desplegó una pancarta sostenida por una estructura que unía un balcón ubicado enfrente con el de la ex presidenta, situación que, de acuerdo con la resolución judicial, generó riesgos para la seguridad.
Al rechazar el pedido de flexibilización el pasado 5 de junio, el magistrado destacó la necesidad de preservar la tranquilidad del barrio y garantizar una convivencia pacífica entre los habitantes de la zona.