Cristina Kirchner. El fallo por la causa Vialidad se conocerá en la tarde de este martes (Foto: archivo).
Desde hoy, el clima político no será el mismo. Si bien la crispación escala todos los días, la vicepresidenta Cristina Kirchner espera para este martes una sentencia judicial de condena en primera instancia por la causa Vialidad que podría enrarecer aún más el escenario político por manifestaciones callejeras, denuncias contra jueces, empresarios y funcionarios de la oposición y por las reacciones del propio gobierno de Alberto Fernández, donde rodarían más cabezas.
Pese a que Cristina Kirchner no convocó a La Cámpora y al Instituto Patria para protestar en las calles por una posible condena, varios dirigentes del kirchnerismo confiaron a A24.com que existe “libertad de acción” y las movilizaciones serán espontáneas. Que parezca un 17 de octubre de la gente para defender a su jefa política.
El dirigente piquetero Luis D’Elía confirmó a A24.com que convocará a una multitudinaria marcha desde la iglesia de San Cayetano hasta los tribunales de Comodoro Py. Voceros cercanos al senador Oscar Parrilli subrayaron que no existe convocatoria oficial del kirchnerismo, pero admitieron que “cada persona y organización es soberana y libre para salir”.
La vicepresidenta anticipó este lunes que “habrá una condena” del “pelotón de fusilamiento” contra ella y 12 imputados más. Así le llama al Tribunal Oral Federal 2, que preside Jorge Gorini e integran Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso, jueces nombrados durante su propio gobierno (2007-2015). También podría haber ciudadanos antiK que salgan a las calles para festejar, lo cual agravaría la tensión.
En el Poder Judicial descuentan la primera condena en las causas de la Vicepresidenta. La estiman en 5 a 8 años de prisión con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la duda es si se la condenará por asociación ilícita y por defraudación a la administración pública o si sólo será por este último delito y será sobreseída en el primero o por ambos.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron la condena por los dos delitos a 12 años de prisión con inhabilitación y decomiso de bienes por más de $5.000 millones. Le imputan haber asignado al empresario Lázaro Baez 51 obras en Santa Cruz por 46.000 millones de pesos con sobreprecios y obras que nunca se terminaron.
Para intentar deslegitimar la condena esperada, el presidente Alberto Fernández denunció este lunes, 24 horas antes, por cadena nacional, que empresarios, jueces, directivos del Grupo Clarín y funcionarios del gobierno de la Ciudad viajaron en forma privada y secreta a la finca de Joe Lewis en Lago Escondido, en lo que calificó como una prueba de "cohecho".
Se difundieron chats y audios que el propio Presidente admitió que fueron productos de hackeos de inteligencia que son ilegales y que pusieron en la mira, según fuentes de inteligencia, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y sus servicios de inteligencia. El barro parece taparse con más suciedad de los sótanos de la política.
El ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, denunció un ataque político del Gobierno, con un hackeo ilegal de su celular y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, salió a sostener a su ministro. “No vamos a responder nada. Es una operación clásica del kirchnerismo. No hay delito en un viaje privado”, señaló un vocero del larretismo. Pero el Presidente ordenó al ministro de Justicia, Martín Soria, que haga la denuncia penal.
La estrategia de Cristina Kirchner para enfrentar una condena es profundizar su guerra contra el Poder Judicial. La denuncia de Bariloche dio impacto sobre jueces de primera línea. La semana pasada ella logró paralizar el Consejo de la Magistratura con la crisis del Congreso, que también quedará inmóvil por lo que resta del año, sin clima para sesionar.
En diálogo con A24.com, Luis D’Elía dijo que “la manifestación de mañana (por hoy) tendría que ser un 17 de octubre, que así como liberó a Perón en 1945 tiene que liberar a Cristina”. Y agregó que “algunos dirigentes mediocres convocaron a no movilizar”. Se refería al líder de La Campora y ministro de Desarrollo Humano bonaerense, Andres Larroque, uno de los voceros de la vicepresidenta.
No obstante, puso su esperanza en que el sindicato ATE y miles de personas espontáneas salgan a las calles, tal como pidió el juez K Juan Ramos Padilla que habló de “pueblada”.
Desde la oposición, el legislador porteño Juan Pablo Arenaza, vocero de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dijo que “van a salir a prender fuego el país y a romper todo y quemar todo y están creando un clima que no van a poder controlar”.
El Tribunal Oral Federal 2, que hoy a las 14 dará a conocer la sentencia, está compuesto por Jorge Gorini, que leerá el fallo y presidirá la sesión, Rodrígo Giménez Uriburu y Andres Basso. Todos tienen una historia de jueces independientes y fueron nombrados por el anterior gobierno kirchnerista.
De bajo perfil, Gorini es también jurado de boxeo, sufrió una intimidación con un paquete sospechoso frente a su domicilio particular y una intrusión en su oficina. Integra el tribunal desde 2011 y en diciembre de 2012 condenó a cuatro años de prisión a la ex ministra de Economía Felisa Miceli por una bolsa de dinero hallada en su baño que no pudo explicar.
También condenó al exjuez Juan José Galeano e intervino en el juicio oral por la tragedia de Once. Además, también condenó en un juicio oral al falso abogado Marcelo D’Alessio por extorsión en la causa Cuadernos.
Cristina Kirchner recusó a Gorini por haberse reunido con la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich durante las condenas por la tragedia de Once y el juez aseguró que buscaba que no quería que se filtraran fotos de Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi como había pasado con Amado Boudou cuando fue detenido y se conocieron imágenes descalzo y en pijama.
En el caso de Giménez Uriburu, también participó del juicio por la tragedia de Once y las muertes del 20 de diciembre de 2002, cuando condenó al exsecretario de Seguridad de la Alianza Enrique Mathov y al exjefe de la Policía Rubén Santos. También dictó las condenas de Carlos Menem y Domingo Cavallo por la venta del predio de La Rural y la de Felisa Miceli por la bolsa sospechosa.
Cristina Kirchner recusó a Giménez Uriburu por integrar “Liverpool”, el equipo de fútbol con el fiscal del caso Vialidad, Diego Luciani, que participaba del campeonato de la quinta Los Abrojos, de Mauricio Macri.
Andrés Basso dictó sentencias como la absolución de Carlos Telleldín en el segundo juicio por el atentado a la AMIA y la condena al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray en la causa de Oil Combustibles. Basso votó por condenar a los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López, que fueron absueltos por el voto de otros magistrados.
Además, condenó a dos testigos falsos que aseguraron haber visto al juez federal Sebastián Casanello en la Quinta de Olivos para visitar a Cristina Kirchner y así poder recusarlo.
En medio del enrarecimiento del clima político previo a la sentencia del Tribunal Oral Federal 2, el presidente Alberto Fernández adelantó ayer por cadena nacional que denunciará penalmente a jueces que viajaron al Lago Escondido con empresarios del Grupo Clarín y estuvieron en la casa del empresario británico Joe Lewis.
Lo consideró “un perverso juego de cohechos” y apuntó contra Julián Ercolini, juez federal que instruyó las causas de Vialidad, Hotesur y Los Sauces; Carlos Mahiques, camarista de Casación; Juan Bautista Mahiques, procurador de la ciudad de Buenos Aires; Pablo Yadarola, juez penal económico; Pablo Cayssials, juez en lo contencioso administrativo federal; Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad porteño; Jorge Rendo y Pablo Casey, directivos del Grupo Clarín; Tomás Reinke, asesor de comunicación, y Leo Bergot, exfuncionario de inteligencia.
Según pudo saber A24.com, el Presidente decidió comunicar su decisión por cadena nacional para asegurarse que todos los medios pudieran difundir la información y anticiparon que seguirá de cerca la causa porque se convertirá en un emblema de la batalla del Gobierno contra los jueces a los que Cristina Kirchner acusa de “lawfare”.
Con esta denuncia, el Gobierno apuntará a reflotar la reforma judicial, frenada en el Congreso, la reforma del Ministerio Público Fiscal y la reforma en la Corte Suprema.
En la Casa Rosada aseguran también que en las próximas horas renunciará Julián Leunda, jefe de asesores del Presidente, porque en los chats hackeados se le atribuye a Casey haber gestionado con él, que fue directivo del Grupo Indalo y el canal C5N, que el viaje no fuera difundido por el medio que manejan Cristóbal López y Fabián De Souza, empresarios K.
Los chats y audios fueron publicados por el diario Tiempo Argentino y los protagonistas intercambiaban mensajes sobre los argumentos que debían dar ante las posibles consultas periodísticas. Por ejemplo, proponían asegurar que habían viajado en una camioneta a su propio costo hasta la mansión de Lewis y no en un helicóptero privado.
En medios judiciales confiaron a A24.com que había indignación por parte de jueces y fiscales por las implicancias de las revelaciones públicas, más allá de que los audios y chats no son prueba judicial y que los viajes no son delitos.
“Son tareas de inteligencia ilegales. Los chats están editados y son una prueba absolutamente nula. Lo que muestran políticamente es un papelón. Un efecto mediático. Quedan todos enchastrados”, señaló un funcionario judicial a A24.com.
“Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas”, dijo Alberto Fernández, que también admitió la ilegalidad de los hackeos al celular de Marcelo D’Alessandro.
“No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quién financió el traslado y hospedaje de los viajantes”, dijo Alberto Fernández, a 24 horas de la sentencia sobre Cristina Kirchner.
