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POLÍTICA

Después del éxito en la negociación con los bonistas, ¿cómo sigue la hoja de ruta de Alberto Fernández?

Después del éxito en la negociación con los bonistas, ¿cómo sigue la hoja de ruta de Alberto Fernández?
El Presidente, tras el acuerdo, emitió un extenso mensaje en sus redes sociales (Foto: Presidencia).

El acuerdo por la deuda fue un éxito económico de Alberto Fernández, el primero de su gestión. Sin embargo, es sólo un punto de partida. Ahora deberá recuperar la economía y atenuar la pobreza producto de la pandemia y la cuarentena del coronavirus. El Presidente trazó una hoja de ruta que requerirá de una buena negociación con el Fondo Monetario Internacional, un plan de “60 medidas” reactivadoras y una radicalización política contra la oposición para sostener el relato épico.

No era para menos. Las sucesivas concesiones ante los acreedores privados en estos 6 meses de negociación, bien disimuladas, dejaron un resabio agridulce en la relación con el electorado del kirchnerismo puro. La propuesta original del ministro de Economía, Martín Guzmán, era pagar 35 dólares sobre 100 desde 2023. Pero el acuerdo cerró en 54,8 y desde 2022.

Según pudo saber A24.com, ese desplazamiento de los objetivos pide un buen relato ante la tribuna propia. Por eso, el caramelo para los sectores progresistas será presentar la semana próxima el proyecto de ley de impuesto a la riqueza que impulsa el diputado Máximo Kirchner. Se aplicará por una sola vez a los patrimonios de más de 200 millones de pesos. A partir de ese piso se les aplicará una alícuota de 2% sobre el excedente.

Según confiaron fuentes oficiales a A24.com, el más duro en la negociación por la deuda era Guzmán, acorde con su mentor Joseph Stigliz, el premio nobel de economía. El fin de semana último estuvo a punto fracasar la negociación por diferencias legales y de poco dinero. “Este no era el acuerdo que quería Guzmán”, señalaron en el Frente de Todos.

Quienes presionaron para cerrar el acuerdo fueron el Presidente, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Señalan en la Casa Rosada que “fue una decisión política”. Alberto, Cristina y Massa tenían claro que la falta de un acuerdo haría irrespirable a la economía y les podría hacer perder las elecciones legislativas de 2021. Con acuerdo, tendrán una base firme para liberar recursos para obra pública, consumo, crédito y medidas reactivadoras.

Allí radica la euforia del Gobierno. En lo político, se aplicará el manual del neopopulismo de Ernesto Laclau. Nada nuevo bajo el sol. La radicalización del conflicto es la base de la democracia.

Con el logro en el bolsillo, Alberto Fernández se olvidó de que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, era su “su amigo”. Al inaugurar el hospital Bicentenario en Ituzaingó, dijo que "los adultos mayores no tienen lugar donde atenderse en la Ciudad y vienen a la provincia". En la Presidencia se excusan de que sólo repitió lo que una semana antes había dicho la titular del PAMI, Luana Volnovich: que el 15% de los jubilados enfermos debe ser derivado a la provincia.

Pero el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, disfrutó la comparación. La Ciudad mandó al ministro de Salud, Fernán Quiros, a responder. Dijo que muchos pacientes de la provincia se antienden en el sistema de salud porteño, que el 20% de los internados en la Ciudad son “no residentes” y que el PAMI es un organismo nacional, con el cual la Ciudad colabora atendiendo a sus afiliados y en forma acordada. Había sorpresa en el larretismo por ese ataque, al cual no pensaban responder políticamente.

Pero Volnovich fue ayer por más: “Alberto se basó en datos de la realidad. Llama la atención lo que está sucediendo en el caso de los prestadores de PAMI, el sistema de salud de la Ciudad está más saturado que en Provincia", dijo, añadiendo leña al fuego. La agenda de la radicalización no termina allí. Máximo Kirchner, jefe político de Volnovich, fue duro con la CGT, mal vista por el progresismo K, cuando el viernes último criticó su reunión con la Asociación Empresaria Argentina (AEA) e ironizó que era bueno que fuera virtual porque deben “cuidarse por su edad”. Música para los oídos de la CTA de Hugo Yasky. Una semana antes, Alberto había pedido la unidad entre la CGT y la CTA.

En el comité directivo de la CGT, anteayer, uno de sus titulares, Carlos Acuña, fue muy duro con Máximo: dijo que alguien que nunca trabajó no puede enseñarle a la CGT cómo trabajar y pidió los recibos de sueldo del jefe del bloque del Frente de Todos.

La CGT tiene duros reclamos económicos para el Gobierno, más allá de la buena relación de su otro titular, Hector Daer, con el Presidente. La central obrera pide el pronto pago de la compensación de 2000 millones de pesos por la caída de la recaudación de las obras sociales de mayo y junio último. El pago está trabado en la secretaría de Hacienda, de Raúl Rigo. Además, la CGT advirtió que las mismas obras sociales no podrán afrontar los costos del tratamiento de la fibrosis quística ahora incluida por ley en el plan médico obligatorio. Cuesta 300.000 dólares por año por paciente, según sus cálculos. Ese tema había enfrentado al Presidente con el ministro de Salud, Ginés González García, afín a la CGT.

También la reforma judicial, que unificaría fueros y crearía más de 200 cargos de jueces, además de fiscales y defensores, es parte de la radicalización política del gobierno de Alberto. Dentro de ese Caballo de Troya se desprenden otras decisiones. Esta semana se conoció el desplazamiento de dos funcionarios técnicos del macrismo en la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirigen Carlos Cruz y Mariana Quevedo. Se trata del director de Análisis, Lucas Reboursin, del jefe de Colaboraciones Internacionales, Lucas Pandolfo, y del jefe de Prensa y Comunicación, Rafael Manzanares.

En la futura reforma judicial, el kirchnerismo quiere poner a la UIF y a la Oficina Anticorrupción dentro de la órbita de la Procuración General de la Nación, siempre que logre controlar este organismo.

Por eso, en otra medida de radicalización, Cristina Kirchner redobló la embestida contra el procurador general interino, Eduardo Casal: quiere llevarlo a juicio político por una supuesta persecución a la fiscal Gabriela Boquin, por el caso del concurso y vaciamiento del Correo Argentino. El blanco es la familia Macri. Casal le abrió a Boquin un sumario administrativo por la denuncia de dos ex empleadas que denunciaron maltrato laboral. Boquin sostiene que es una persecución porque una de esas empleadas le filtraba información al macrismo, pero también admitió que no tenía pruebas y que no hizo la denuncia en su momento.

El kirchnerismo no tiene los dos tercios para remover a Casal en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Buscan forzar su renuncia. Casal no está dispuesto a renunciar. Asi buscarían facilitar el nombramiento de Daniel Rafecas en la Procuración o de un interino más afin a los K.

También el Gobierno disparó municiones gruesas contra el inoportuno viaje del ex presidente Mauricio Macri a Francia y a Suiza. Ademas, el diputado porteño Leandro Santoro, fue duro contra el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, durante una interpelación en la Legislatura. Habló del espionaje ilegal, de la represión en la avenida 9 de Julio de la Policía de la Ciudad y de la compra de barbijos con sobreprecios y vencidos. Santoro asegura que no tenía orden de la Casa Rosada. Pero el clima en el oficialismo es de endurecer las posiciones contra el macrismo, que ya avisó que va a rechazar de plano toda la reforma judicial, como lo hicieron las cámaras del Crimen y del fuero Civil y Comercial.

Esta reforma deja consecuencias jurídicas. La Corte Suprema, que se pretende reformar contra su voluntad, ayer dejó firme la condena contra Luis D’Elía de 3 años y seis meses de prisión contra por la toma de la comisaría 24 de La Boca, un hecho de 2004.

La crispación política hizo salir de su silencio a la jefa de la Coalición Civica, Elisa Carrió. En su Twitter, dijo que "Hay una campaña personal de Cristina Kirchner contra Rodríguez Larreta y Juntos por el Cambio, a través de periodistas de C5N".

En lo económico, Alberto apostará fuerte a la obra pública. Ayer anunció planes para Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, San Juan y Santa Cruz por 22.645 millones de pesos. Y para lo inmediato se avecinan sucesivos anuncios por etapas de las 60 medidas. Se optó por no hacer un anuncio para no quemar las expectativas en un solo acto. Se anunciarán por tramos. Una fue el plan Procrear, para viviendas. Luego vendrán medidas diseñadas para la recuperación de la economía, para el mediano y largo plazo.

Se buscará focalizar recursos para darle impulso recuperación de consumo, del crédito, y beneficios fiscales para la producción, con un horizonte fiscal despejado por 8 años. En agosto deberá concretarse el acuerdo con el FMI para reestructurar la deuda de US$ 44.000 millones.

También se piensa en un plan de ingresos con la unificación de diversos planes sociales y cambios en la estructura. No habrá grandes aumentos de salarios. La crisis por la pandemia pone sus límites al plan reactivador de Alberto.

por Mariano Obarrio
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