Destituyeron a un juez federal por publicaciones consideradas discriminatorias

Sin embargo, el jurado, integrado por representantes de distintos estamentos del sistema judicial y del Congreso, entendió que los mensajes difundidos por el magistrado excedieron el marco de una opinión personal y configuraron una conducta incompatible con su función.

Según los integrantes del cuerpo, las publicaciones no constituyeron hechos aislados sino una sucesión de expresiones ofensivas dirigidas contra una colectividad, lo que representó una falta ética de gravedad.

En su fallo, el tribunal sostuvo además que los mensajes promovieron “la violencia simbólica” y tuvieron un efecto de “sometimiento y discriminación” hacia la comunidad judía.

“No se destituye a un juez por opinar. Se remueve a un juez porque su conducta pública, ejercida bajo la invocación de su investidura, se ha vuelto incompatible con la imparcialidad, el decoro y la confianza pública que esa misma investidura exige”, señaló el jury.

Quiénes integraron el jury

El Jurado de Enjuiciamiento estuvo conformado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 25 de la Ciudad de Buenos Aires, y Néstor Barral, camarista federal de San Martín; la abogada Ana Fernández; los diputados Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, y Christian Zulli, de Unión por la Patria; y las senadoras María Monte de Oca, de La Libertad Avanza, y María Florencia López, de Unión por la Patria.

Antes de llegar a esta instancia, López presentó su renuncia luego del dictamen de la Comisión de Acusación. Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió no aceptarla. Más tarde, el plenario del Consejo de la Magistratura, encabezado por el presidente de la Corte Suprema y del organismo, Horacio Rosatti, resolvió remitir el expediente al jury.

La defensa del magistrado

Durante su descargo, López negó haber discriminado a la comunidad judía y cuestionó la legitimidad de las organizaciones denunciantes para representar a la totalidad de ese colectivo.

Además, criticó lo que definió como una “teatralización” de la acusación y sostuvo que no podían atribuirse a su responsabilidad comentarios realizados por terceros en redes sociales.

Como parte de su estrategia defensiva, citó un fallo favorable al presidente Javier Milei en la causa iniciada por la madre de Ian Moche por publicaciones en X. Según argumentó, esa resolución estableció que los reposteos no implican coautoría sobre el contenido difundido.

López también sostuvo que un juicio político no puede sancionar “opiniones personales”, remarcó que sus publicaciones no derivaron en acciones penales ni civiles y afirmó que se referían a temas de interés público vinculados con decisiones de la Corte Penal Internacional.

En ese sentido, reclamó distinguir entre “crítica y discriminación” y aseguró: “Denunciar un genocidio no es un acto de odio, sino un acto de defensa de los derechos humanos”.

Las denuncias y los mensajes cuestionados

Las denuncias fueron impulsadas por Gabriel Camiser, apoderado de la DAIA; la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo; y los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, integrantes de la Fundación Apolo.

Los denunciantes señalaron la existencia de un supuesto patrón de hostilidad hacia los judíos, el sionismo y el Estado de Israel a partir de posteos y republicaciones realizadas por el magistrado.

Durante las audiencias, los acusadores, el senador Luis Juez y el abogado Alberto Maques, exhibieron parte de los mensajes incorporados al expediente. Entre ellos se incluyó una encuesta impulsada por López sobre “a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria”, un pedido de retuits contra la “judiada (sic) interna y externa” y publicaciones dirigidas al Foro Argentino contra el Antisemitismo.

Tras analizar el conjunto de las pruebas y los argumentos de ambas partes, el Jurado de Enjuiciamiento concluyó que López no debía continuar en el cargo y resolvió su remoción del Juzgado Federal N.º 4 de Mar del Plata.