El espacio Memoria Abierta acaban de presentar un documento que contiene cinco ejes que sintetizan en qué situación están las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Desde el inicio de su mandato, el gobierno nacional tomó decisiones drásticas que terminaron impactando en las políticas de derechos humanos. Entre las acciones más polémicas se encuentran el desfinanciamiento de programas, el cierre de líneas de trabajo clave y el despido de personal esencial.
Más allá de estos movimientos administrativos, el gobierno viene mostrando una tendencia preocupante hacia la relegitimación de la dictadura cívico militar con discursos oficiales que reivindican el accionar de aquella represión ilegal. La reciente visita a la cárcel de Ezeiza a condenados por delitos de lesa humanidad volvió a escalar la polémica.
En este contexto, el CELS y el espacio Memoria Abierta acaban de presentar un documento que contiene cinco ejes que sintetizan en qué situación están las políticas públicas de memoria, verdad, justicia. La tarea lleva como título: “Memoria Cancelada”.
Se trata de un relevamiento y un análisis, al que tuvo acceso A24.com, donde se denuncia “el intento libertario de relegitimar la dictadura” y se sostiene la idea de que “no es un asunto sobre el pasado, sino que (estas prácticas) habilitan formas de violencia en el presente”.
También se enumeran hechos o declaraciones políticas que presentan como “señales que nos alertan”:
A la fecha, hay 1187 personas condenadas por delitos cometidos durante la dictadura, incluyendo secuestro, tortura y homicidio. Sin embargo, la mayoría de estos condenados cumple arresto domiciliario, lo cual fue criticado por sectores de la sociedad civil que demandan justicia plena.
La vicepresidenta Victoria Villarruel lleva años promoviendo la idea de que los juicios contra los represores “son una venganza ideológica”.
En este sentido, el gobierno desmanteló equipos clave encargados de la revisión y análisis de documentos de las Fuerzas Armadas. El Archivo Nacional de la Memoria permanece acéfalo, poniendo en riesgo la preservación de documentos cruciales para la investigación histórica y judicial.
Los sitios de memoria, espacios convertidos para recordar y educar sobre los horrores de la dictadura, también sufrieron un desfinanciamiento significativo. Las obras de infraestructura y excavaciones arqueológicas fueron interrumpidas, afectando la conservación de lugares que sirven como prueba judicial.
Una de las decisiones más cuestionables fue la decisión de que los ministerios de Defensa y Seguridad no continuaran colaborando con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) en la búsqueda de niños robados durante la dictadura.
También fueron suspendidos los pagos de reparaciones económicas a las víctimas del terrorismo de Estado, ordenando una auditoría integral de todas las solicitudes en curso.
