Los investigadores analizan la prueba obtenida en más de 50 allanamientos por la investigación por supuesta corrupción. Una nueva causa judicial sobre el tema puede poner en problemas al Gobierno.
La justicia pone límites al gobierno de Javier Milei en el manejo de su política de asistencia a las personas con discapacidad. Mientras en Comodoro Py se profundiza la investigación sobre la presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), los tribunales de Catamarca fijaron un plazo de 24 horas para que se restablezca la totalidad de las pensiones suspendidas y/o retenidas.
La tensión aumenta ante la actitud del interventor de ANDIS, Alejandro Vilches, que postergó para después de las elecciones legislativas una respuesta a los prestadores y familiares que marcharon a sus oficinas en Núñez, para reclamar la aplicación de la Ley de Emergencia de Discapacidad.
La medida cautelar dispuesta por el juzgado federal 2 de Catamarca hace extensiva a todo el territorio nacional la medida cautelar que había sido dictada para su jurisdicción el 12 de septiembre pasado, en el reclamo colectivo contra la suspensión masiva de pensiones dispuesta por el Decreto 843/2024.
La demanda fue impulsada entre otros por la Asociación Azul, ACIJ, el CELS y personas afectadas, con el patrocinio de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
Se trata de uno de los muchos amparos que los afectados presentaron ante los tribunales de todo el país para salir al cruce del incumplimiento de la norma aprobada por el Congreso, que luego fue vetada por el presidente Javier Milei, y que finalmente fue ratificada por los legisladores.
Según el Gobierno nacional, suspendió más de 110 mil pensiones por discapacidad que, de acuerdo a sus auditorías, habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores.
La Justicia Federal de San Rafael sancionó a la Agencia Nacional de Discapacidad por no restituir pensiones no contributivas por invalidez laboral retenidas en Mendoza, tal como lo había ordenado a través de una medida cautelar. El monto de la sanción es de 15 mil pesos diarios a favor del pensionado.
El reclamo corresponde a un demandante particular con discapacidad, que había sido suspendido del programa social sin auditoría previa.
En la demanda se relata que el damnificado dejó de cobrar su beneficio sin haber recibido ninguna citación a auditoría médica, a pesar de tener sus datos actualizados. La petición es para que se rehabilite el beneficio de la pensión no contributiva hasta que se verifique su diagnóstico.
Hasta ahora, ANDIS se vio obligada a restituir pensiones no contributivas en varias provincias donde prosperaron localmente los amparos. No obstante no lo cumplió en la provincia de Mendoza.
El fiscal Franco Picardi volvió a imponer el secreto de sumario en el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con el propósito de averiguar si otros contratistas se beneficiaron con las supuestas maniobras fraudulentas en la compra de medicamentos.
En la nueva etapa de la pesquisa A24.com pudo confirmar que se llevaron adelante al menos 30 procedimientos en droguerías y domicilios particulares. Están recolectando pruebas para analizar junto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Previamente, se habían realizado otra veintena de allanamientos, la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) se puso a trabajar en el contenido de los dispositivos. A su vez, se ordenó la evaluación del perfil patrimonial de los involucrados, y se le prohibió la salida del país.
Los investigadores quieren determinar si hubo direccionamiento en los acuerdos de compra de medicamentos para personas con discapacidad, y si se pagaron costos superiores a los que maneja el mercado, para luego destinarlo al pago de coimas.
Recordemos que esta causa está caratulada “Milei Javier y otros s/defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho, cohecho activo y negociaciones incompatibles”. Se inició con una denuncia basada en los audios que describen la presunta corrupción, y que fueron atribuidos al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.
