La Justicia Federal de Tucumán ordenó congelar más de US$200 mil en activos digitales y bienes al investigar una presunta red de lavado vinculada al Comando Vermelho.
La Justicia Federal de Tucumán ordenó el congelamiento de criptoactivos y de un conjunto de bienes en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que tendría como destinataria final a la organización criminal brasileña Comando Vermelho.
La medida fue dispuesta por el juez federal José Manuel Díaz Vélez a partir de una causa impulsada por la Fiscalía Federal Nº 2 de Tucumán, con la intervención de la PROCELAC, luego de que se detectaran movimientos financieros de gran magnitud que no guardaban relación con los ingresos declarados por los investigados ni con actividades económicas lícitas comprobables.
Según pudo saber A24.com, en el expediente se pudo reconstruir reconstruir una operatoria compleja basada en el uso intensivo de criptoactivos, especialmente monedas digitales atadas al valor del dólar, que eran transferidas entre múltiples billeteras virtuales y plataformas con el objetivo de fragmentar los fondos y dificultar su rastreo.
En ese contexto, la Justicia ordenó la inmovilización de más de 200 mil dólares en activos digitales, además del bloqueo de cuentas bancarias, participaciones societarias, vehículos y bienes inmuebles, algunos de ellos localizados fuera del territorio argentino.
Para los investigadores, la maniobra respondía a un esquema diseñado para canalizar dinero de origen ilícito mediante herramientas financieras digitales, aprovechando la velocidad de las transacciones y la apariencia de legalidad que ofrecen ciertas operaciones de trading. La hipótesis central del caso sostiene que el entramado tenía como beneficiario final a un ciudadano brasileño actualmente prófugo, con antecedentes por narcotráfico y lavado de dinero tanto en Argentina como en Brasil, a quien se señala como el nexo directo con el Comando Vermelho y como responsable de articular la estructura financiera detectada en Tucumán.
El avance de la investigación requirió un trabajo coordinado entre distintas áreas especializadas del Ministerio Público Fiscal, que aportaron análisis contables, cruces de información bancaria y estudios técnicos sobre trazabilidad en blockchain. Ese abordaje permitió identificar tanto los activos digitales como los bienes físicos alcanzados por la medida cautelar, que permanecerán bajo control judicial mientras continúa la investigación penal.
Se trata de uno de los casos más relevantes en el país en materia de lavado de activos mediante criptoactivos, no solo por el volumen de dinero involucrado sino también por la presunta vinculación con una organización criminal transnacional de gran envergadura. En ese sentido, remarcaron que la causa refleja un cambio de escenario en las investigaciones financieras, donde las estructuras criminales combinan métodos tradicionales con nuevas tecnologías para ocultar el origen del dinero, y obliga al sistema judicial a profundizar herramientas técnicas y cooperación internacional para enfrentar este tipo de delitos complejos.
