El gobierno de Javier Milei continúa con su agenda de desregulación y transformación del Estado, y uno de sus próximos pasos será la presentación de la denominada “Ley Hojarasca”.
El ministro Sturzenegger anunció que el presidente Javier Milei envió al Congreso el proyecto que busca eliminar alrededor de 70 leyes.
El gobierno de Javier Milei continúa con su agenda de desregulación y transformación del Estado, y uno de sus próximos pasos será la presentación de la denominada “Ley Hojarasca”.
Este proyecto, impulsado por el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, busca derogar 70 leyes que se consideran obsoletas, muchas de ellas creadas en el siglo XIX o durante gobiernos militares.
El proyecto comenzará a debatirse a partir de este lunes, y se espera que las leyes derogadas incluyan aquellas que ya no cumplen una función en el contexto actual.
En palabras de Sturzenegger, “no hay que tenerle miedo al exceso de desregulación, siempre se puede corregir”.
El ministro destacó que el propósito de la ley es liberar a los sectores productivos y comerciales del peso de normativas que han quedado desfasadas, promoviendo un entorno más dinámico y adaptado a la realidad económica actual.
Las leyes a derogar se distribuyen de la siguiente manera:
El Gobierno del presidente Javier Milei, indicaron desde la cartera desreguladora, “realizó un análisis detallado de las leyes argentinas y encontró 6 motivos para la derogación de diferentes normas, a saber
La “Ley Hojarasca” forma parte de un paquete más amplio de medidas que el gobierno de Milei ha implementado para fomentar la liberalización económica en el país.
Entre las leyes que suprimirá el gobierno aparece la ley 14.034 de _Juan Domingo Perón, que “prohíbe la defensa de los derechos humanos de la sociedad argentina en los foros internacionales”.
También está la 18.312 de 1969, promulgada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, que “creó un fondo para controlar la producción de papel de diarios y condicionar a la prensa escrita”.
Asimismo, propone eliminar la ley 14.034 del gobierno de Juan Domingo Perón que impone penas para los argentinos que “por cualquier medio propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino”.
También se propone eliminar la ley 20.120 del gobierno de Alejandro Lanusse que “habilita al Estado a prohibir reuniones privadas entre ciudadanos” y se deroga la 19.787 de 1972 que “restringe la libre elección de temas musicales en la programación de las radios”.
Por otro lado, se buscan suprimir leyes del gobierno de María Estela Martínez de Perón: la ley 20.802 que “impide la libre circulación por el país”, la ley 20.959 que deroga el “permiso de libre estacionamiento para legisladores en todo el país” y la ley 20.983 que “obliga a ciertas industrias a difundir temas de interés del Estado en forma compulsiva”.
Además, está la eliminación de dos leyes del gobierno de facto de Reynaldo Bignone. Por un lado, la ley 22.875 que “permite al Estado exigirle a empresas privadas la relocalización de sus actividades productivas” y la norma 22.964 de 1983, que “habilita el confinamiento forzoso de enfermos de lepra”.