El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, criticó la marcha universitaria de este 2 de octubre y dijo que es para “hacerle daño” a la gestión de Milei. Los partidos políticos "metieron la cola", dijo.
El Gobierno apuntó contra los rectores de la universidades: "Ganan entre 5 y 8 millones y no quieren salarios congelados"
En la previa de la marcha universitaria, desde el Gobierno apuntaron contra las autoridades ejecutivas de las universidades. En esta oportunidad, fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien dijo que los partidos “metieron la cola” en esta protesta para “hacerle daño” a la gestión de Javier Milei.
“Me indigné por un par de declaraciones que escuché. Nosotros, los funcionarios públicos, tenemos los salarios congelados. Los rectores no quisieron tener los salarios congelados a pesar de ser funcionarios públicos y estar alcanzados por todas las de la ley. Yo tengo rectores que ganan entre 5 y 8 millones de pesos, estadísticamente, de universidades nacionales”, aseguró Álvarez en diálogo con radio Mitre.
En tanto, Álvarez insistió con que las universidades son “una gran estructura burocrática” donde “ninguno tiene salarios congelados” y, cargó directamente contra los rectores, que fueron cara visible de la convocatoria para la marcha en el Congreso de esta tarde.
“Los veo rasgarse las vestiduras por los salarios docentes y ellos mismos no hicieron ningún esfuerzo. ¿Cómo puede ser que un secretario de la UBA esté en 5 millones de pesos? Yo puedo mostrar mi recibo, les preguntaría a los rectores y secretarios si pueden mostrar los suyos”, indicó.
Mientras, el funcionario de Milei aseguró que 80% de la masa salarial del Estado está “por debajo” de los salarios docentes y no docentes de la universidad.
“Recibieron por encima del promedio de la masa general del Estado”, indicó sobre los universitarios, contra la versión que emana de la facultades, donde aseguran que los sueldos perdieron entre 40 y 50% de poder adquisitivo desde diciembre.
Incluso, en el último comunicado del CIN indicaron que más de 70% de los trabajadores de la educación superior perciben sueldos por debajo de la línea de pobreza.
Sin hacerse eco de esas cuestiones, Álvarez también planteó: “Es imposible definir las paritarias en el Parlamento, si no estaríamos llevando camioneros, panaderos... Entonces le recomiendo al Congreso que modifique la ley de negociación colectiva y hagamos las negociaciones por leyes en el Congreso”, ironizó, pese a que evitó adelantar si el Presidente efectivamente vetará la legislación, aunque el mandatario ya adelantó días atrás que sí lo hará y de forma total.
Asimismo, dijo que el reclamo por la educación “es una causa noble”, pero enfatizó en que hay “sectores que permanentemente están buscando con qué tema le pueden hacer daño al Gobierno”.
En ese sentido expresó: “[El tema salarial] es algo que venimos trabajando en diálogo permanente con los rectores y dirigentes sindicales, pero ahora metió la cola la política, entonces aparecen otros intereses, a ver si le pueden hacer daño al Presidente. Lo que no entienden es que la sociedad ya decidió y nos puso en este lugar para ser responsables; y esa responsabilidad es mantener el equilibrio fiscal y bajar la inflación”.
Álvarez apuntó contra el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, otra de las voces cantantes a favor de la marcha.
“En un punto lo admiro por tener semejante capacidad para ir cambiando de personalidad. Yo no sé muchas veces si estoy hablando con un funcionario que dirige la universidad, con un secretario general del sindicato, con un dirigente estudiantil o con un alto dirigente del radicalismo; son como múltiples personalidades”, comentó.
“No está para hacer cosas que nada tienen que ver. El otro día, el rectorado de la UBA, presidido por el vicerrector, lanzó un observatorio para medir streaming, que todos sabemos que se mide fácil, mirás cuántas vistas tuvo YouTube y ya está. ¿Qué sentido tiene reunir un motor de streamers? ¿Qué costo va a tener? ¿Con qué se va a pagar? Este es el tema de hacer cosas que no le corresponden al Estado y desatender las que sí le corresponden. Avanzar sobre funciones que deberían ser cubiertas por un servicio privado”, comentó Álvarez.
