El vocero presidencial, Manuel Adorni, dio detalles de las modificaciones en el sistema de empleo público, que se centran en la implementación de un nuevo sistema de ingreso, así como en la reestructuración y reubicación del personal estatal.
El vocero presidencial Manuel Adorni brindó detalles sobre la primera reglamentación de la Ley Bases y dio a conocer los cambios en las normas para ingresar a trabajar al Estado.
El Gobierno dio precisiones sobre el futuro de los empleados públicos: evaluación y nuevo sistema de ingreso
El vocero presidencial, Manuel Adorni, dio detalles de las modificaciones en el sistema de empleo público, que se centran en la implementación de un nuevo sistema de ingreso, así como en la reestructuración y reubicación del personal estatal.
Una de las principales innovaciones de la primera reglamentación de la Ley Base es la introducción de una “Evaluación General de conocimientos y competencias” para trabajar en el Estado. Esta evaluación será anónima y la diseñará y reglamentará la Autoridad de Aplicación. La identificación del candidato se realizará únicamente una vez calificado.
El decreto establece que la máxima autoridad de la jurisdicción o del organismo descentralizado correspondiente al cargo concursado será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos, “así como de las previsiones pertinentes de las normas sobre ética en el ejercicio de la función pública”.
En casos pertinentes, la Unidad de Recursos Humanos podrá consultar a la Oficina Anticorrupción, la cual deberá expedirse en un plazo de cinco días.
Además, las personas designadas deberán presentar una declaración jurada patrimonial y sus antecedentes laborales cuando la función a desempeñar lo requiera. También se ha estipulado que “no podrá efectuarse ninguna designación sin la correspondiente acreditación del certificado de aptitud psicofísica”.
El desempeño del empleado será evaluado constantemente y, para ser promovido, el personal deberá someterse nuevamente a una instancia de evaluación. Así, se busca garantizar que los empleados estatales mantengan un alto nivel de competencia y rendimiento a lo largo de su carrera.
Además, el régimen de contrataciones incluye la contratación por tiempo determinado y la designación en plantas transitorias. Estas modalidades están destinadas a actividades de carácter transitorio o estacional. Los contratos especificarán las funciones del empleado, la equiparación escalafonaria y la duración del trabajo. El personal contratado bajo este régimen no gozará de estabilidad y su contrato podrá ser rescindido en cualquier momento.
Asimismo, los empleados de licencia por enfermedad, maternidad y/o accidente no podrán pasar a disponibilidad. Aquellos próximos a jubilarse —dentro de un período máximo de 12 meses— serán reubicados transitoriamente hasta que se resuelva su situación.
En cuanto a las reubicaciones y movilidades, el decreto dispone que la afectación definitiva de un agente a otra dependencia será considerada como traslado, condicionada a la existencia de una vacante financiada. Además, se podrán disponer permutas a solicitud de agentes de igual situación escalafonaria, siempre que no afecten la necesidad del servicio.
Por su parte, el Gobierno ha establecido un sistema de puntaje y sanciones para quienes incumplan sus funciones. Las infracciones contempladas incluyen llegadas tardes, incumplimiento del horario fijado, inasistencias y condenas judiciales, entre otras. Esta normativa busca garantizar el cumplimiento de las responsabilidades laborales y mantener la eficiencia del servicio público.
Con la implementación de nuevas evaluaciones, la reorganización del personal y la introducción de un régimen de contrataciones más flexible, el Gobierno busca mejorar la eficiencia y la transparencia en la administración pública.
Cabe recordar que luego de la sanción de la Ley Bases en el Senado, el Gobierno avanzó este lunes con la reglamentación de la primera parte de la misma. Fue mediante un decreto que se publicó el domingo a la medianoche en el Boletín Oficial.
El Decreto 695/2024, firmado por Milei, así como también por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros Federico Sturzenegger y Luis Caputo, reglamentó los capítulos sobre privatizaciones de empresas públicas o con participación estatal, y empleo público, ambas incluidas en el Título II de la Ley Bases, "Reforma del Estado".
Según se indicó en el Boletín Oficial, la jefatura de Gabinete de ministros, dentro del plazo de 15 días contados a partir de este lunes, debe aprobar el cronograma de implementación del silencio con sentido positivo, en el marco de procedimientos administrativos en los cuales tramite el otorgamiento de una autorización administrativa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N° 27.742.
