Tal como lo anunció el pasado viernes la mesa política en la Casa Rosada, el Gobierno elevó al Senado un proyecto de ley que deroga la emergencia en Discapacidad y modifica los requisitos para acceder a pensiones del Estado por invalidez.
El Gobierno envió al Senado un proyecto que modifica los requisitos para acceder a beneficios por discapacidad. La nueva estrategia del Ejecutivo tras la ratificación en la Justicia de la ley de Emergencia en Discapacidad.
El Gobierno busca derogar la emergencia en discapacidad al enviar un nuevo proyecto al Senado. Foto Archivo.
Tal como lo anunció el pasado viernes la mesa política en la Casa Rosada, el Gobierno elevó al Senado un proyecto de ley que deroga la emergencia en Discapacidad y modifica los requisitos para acceder a pensiones del Estado por invalidez.
La nueva estrategia del Ejecutivo consiste en modificar el funcionamiento de todo el sistema de Discapacidad y el acceso a los programas del Estado, en medio de denuncias por la falta de cumplimiento de la ley de Emergencia votada el año pasado por la oposición y ratificada por la Justicia.
En medio del avance de la investigación judicial por las denuncias por supuestas coimas enla Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , que derivó en la eliminación del organismo, el texto ingresó el viernes pasado al Senado. La iniciativa plantea nuevas restricciones para los potenciales beneficiarios, al redefinir los criterios para acceder a la ayuda estatal.
El proyecto, al que tuvo acceso A24.com, plantea entre otros puntos, la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793. En buena parte de esos apartados aplicaba la universalidad de la ayuda pero el nuevo texto retrotrae el sistema al modelo previo a la sanción de la Emergencia.
El proyecto todavía no tiene fecha de tratamiento en el Senado. De resultar aprobado, sin modificiones, implicará un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez.
El nuevo sistema establecerá entonces que todos los beneficiarios actuales y nuevos deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. Aquellos que no lo hagan verán su beneficio suspendido.
En otro de sus artículos, establece la incompatibilidad del beneficio con un trabajo o empleo: "La Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral será incompatible con poseer un vínculo laboral formal y/o encontrarse inscripto en el régimen general y/o simplificado vigente", señala el texto, lo que que a su vez, rompe con la ley de inclusión laboral que otorga subsidios del Estado a empresas que tomen un porcentaje de empleados con discapacidad como forma de fomentar su desarrollo e inclusión laboral.
Además propone un proceso de fiscalización y auditorías de los pedidos de pensión que incluirá el cruce de información entre la ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos.
En los considerandos del proyecto, el Ejecutivo remarca la denuncia del exvocero y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre supuestas irregularidades en el otorgamiento de pensiones por invalidez en los anteriores gobiernos kirchneristas.
"Entre los años 2003 y 2023 la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez otorgadas en el país tuvo un crecimiento exponencial; en efecto, de 76.000 beneficios que existían en el primero de los años mencionados se pasó a aproximadamente 1.200.000 de beneficios en 2023", señala el proyecto en sus fundamentos.
Y agrega que "la magnitud de la situación descripta ha generado una inevitable sospecha sobre las condiciones en que dichos beneficios fueron otorgados; sospecha que ha sido confirmada a partir de diversas investigaciones realizadas -incluso judiciales- que han detectado una gran cantidad de pensiones otorgadas sin cumplir con los requisitos legales".
"Los procesos de auditoría y verificación implementados por esta administración, han permitido identificar un conjunto significativo de irregularidades en el acceso y percepción de dichas prestaciones, incluyendo situaciones de domicilios inexistentes, así como también casos en los que no se verifican los requisitos legales y médicos exigidos, lo que pone en evidencia la existencia de desvíos que afectan la correcta asignación de los recursos", señala el proyecto.
En ese sentido, "el proyecto tiene por fin establecer mecanismos normativos específicos orientados a prevenir, detectar y sancionar el fraude, resguardando simultáneamente los derechos y garantías de los beneficiarios legítimos", señala el texto.
También, el proyecto establece en su artículo 12 la posibilidad de "suscribir convenios con las Provincias y con la Ciudad de Buenos Aires para que los distritos se hagan cargo de organizar el programa en sus respectivas jurisdicciones, contemplando el financiamiento adecuado respecto de los afiliados existentes a la fecha de sanción de la ley, y para los futuros afiliados, prever un financiamiento de las distintas jurisdicciones".
Cuestiona y contrapone a la actual Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793, al señalar que "este proyecto tiene en consideración los recursos estatales disponibles" y propone la "modificación del artículo 19 estableciendo cómo se afrontará el costo fiscal de la medida" en concordancia con la proyección de recursos planteados en el Presupuesto nacional.
Además, elimina el nomenclador, desregula la negociación por sistema de salud y suprime la actualización automática trimestral por IPC en el pago a los prestadores, tal como lo establece la ley de emergencia en Discapacidad.
El Gobierno insiste de esta forma en buscar la manera de no cumplir con la actualización del pago de las prestaciones acorde a la inflación, porque dice que eso rompería el superávit fiscal, eje central del plan económico, como sostuvo el propio presidente Javier Milei el año pasado al justificar el veto a la norma aprobada por la oposición y que ahora el oficialismo busca consenso para derogar.