La iniciativa elimina los límites de ingresos y patrimonio para adherir al régimen simplificado de Ganancias, flexibiliza las condiciones para conservar sus beneficios y habilita la incorporación de grandes contribuyentes. La Casa Rosada pretende aprobarla durante agosto.
El Gobierno envió al Congreso la reforma de Inocencia Fiscal para ampliar el ingreso de dólares al sistema. (Foto: archivo)
El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto para modificar la denominada Ley de Inocencia Fiscal, con el objetivo de ampliar el universo de contribuyentes que pueden incorporarse al Sistema Simplificado del Impuesto a las Ganancias y estimular el ingreso al circuito formal de los ahorros que permanecen fuera del sistema financiero.
La iniciativa lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
El oficialismo buscará comenzar el tratamiento durante la primera semana de agosto y pretende conseguir la sanción antes de que finalice ese mes. Para lograrlo, La Libertad Avanza deberá alcanzar acuerdos con sectores del PRO, la UCR y los bloques provinciales, ya que no dispone por sí sola de los votos necesarios para abrir una sesión y aprobar la reforma.
El texto introduce cambios sobre la Ley 27.799, sancionada a fines de 2025, que modificó el Régimen Penal Tributario y creó un mecanismo simplificado para la presentación y el pago del Impuesto a las Ganancias.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación de los límites económicos que restringían el acceso al régimen. Hasta ahora, podían adherir quienes registraran ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio inferior a $10.000 millones. La nueva redacción elimina ambos topes y permite que contribuyentes de mayor capacidad económica puedan incorporarse al sistema.
El objetivo es ampliar la cantidad de personas alcanzadas por el régimen simplificado de Ganancias. El Gobierno considera que las condiciones actuales dejaron afuera a un sector que podría ingresar sus ahorros al circuito bancario.
Los denominados grandes contribuyentes nacionales también podrán adherir, aunque el proyecto establece que tendrán menos beneficios que el resto. En determinados casos, no accederán a la presunción de exactitud ni al bloqueo fiscal con el mismo alcance previsto para los pequeños y medianos contribuyentes.
El mecanismo permite presentar una declaración jurada menos detallada que la tradicional. El contribuyente informa sus ingresos y paga el impuesto correspondiente, pero no debe justificar de manera exhaustiva cada variación patrimonial, consumo o movimiento financiero.
Cuando se cumplen las condiciones del sistema, la declaración queda amparada por una presunción de exactitud. Esto limita la posibilidad de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) revise períodos anteriores, salvo que encuentre irregularidades relevantes.
El régimen no funciona exactamente como un blanqueo tradicional: los fondos deben proceder de actividades lícitas y continúan alcanzados por los controles de prevención de lavado de activos. Una operación sospechosa puede ser informada y examinada por la Unidad de Información Financiera.
El argumento oficial es que muchas personas mantienen dólares fuera de los bancos por temor a futuras fiscalizaciones, cambios normativos o sanciones relacionadas con períodos fiscales anteriores.
La reforma también modifica el concepto de “discrepancia significativa”, utilizado para determinar cuándo una diferencia entre lo declarado y lo detectado por ARCA provoca la pérdida de los beneficios.
La legislación vigente contempla, entre otros parámetros, una diferencia igual o superior al 15% entre el impuesto declarado y el determinado por el organismo fiscal. El nuevo texto busca evitar que una diferencia porcentualmente elevada, pero de escaso valor nominal, deje automáticamente al contribuyente fuera del régimen.
Según la propuesta, para que se quiebre la presunción de exactitud deberán combinarse criterios porcentuales y económicos. Para el período fiscal 2025, una diferencia no sería considerada significativa cuando el monto concreto no alcance los $5 millones, aun cuando supere el 15% de lo declarado.
Otra de las modificaciones permite que los contribuyentes subsanen errores antes de perder los beneficios. Cuando ARCA detecte una diferencia relevante, la persona podrá presentar una declaración jurada rectificativa y cancelar el monto adeudado dentro de un plazo de 15 días.
Si regulariza su situación dentro de ese período, conservará la protección otorgada por el régimen. El Gobierno incorporó esta alternativa después de las observaciones realizadas por especialistas tributarios, quienes advertían que la normativa original podía castigar de manera excesiva errores u omisiones menores.
Caputo sostuvo que la reforma fue elaborada después de reuniones con tributaristas y asesores impositivos que plantearon dudas sobre la aplicación práctica de la ley sancionada en diciembre.
El ministro de Economía Luis Caputo defendió el proyecto al señalar que mantener los ahorros fuera del sistema financiero representa, según su visión, una mala decisión económica tanto para las familias como para el país.
“Tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio porque los dólares pierden valor”, afirmó durante la presentación de la reforma.
De acuerdo con las estimaciones difundidas por el titular del Palacio de Hacienda, existen alrededor de US$170.000 millones en poder de los argentinos fuera del sistema, frente a aproximadamente US$40.000 millones depositados en cuentas bancarias locales.
El Gobierno pretende que una parte de ese dinero ingrese a los bancos, aumente la disponibilidad de depósitos y pueda canalizarse hacia créditos, inversiones y actividades productivas.
La iniciativa establecería además un horizonte temporal para la exteriorización de fondos: uno de los borradores difundidos contempla como fecha límite el 31 de diciembre de 2027.
Uno de los puntos que anticipa mayor discusión en el Congreso es la posibilidad de que funcionarios públicos y sus familiares también se incorporen al régimen.
La reforma no establece una exclusión general para quienes ocupan cargos políticos. Este punto es cuestionado por sectores de la oposición, que reclaman que las personas con responsabilidades públicas mantengan mayores niveles de información y control sobre la evolución de su patrimonio.
El diputado socialista Esteban Paulón reclamó que quienes desempeñan funciones públicas sean excluidos, mientras que Agustín Rossi cuestionó que la reforma pueda beneficiar a dirigentes políticos.
La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados, por debajo de los 129 necesarios para alcanzar el quórum y habilitar una sesión.
Por ese motivo, el Gobierno deberá negociar con el PRO, la UCR, Innovación Federal, Producción y Trabajo y otros espacios provinciales. Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal serán las encargadas de iniciar el análisis después del receso legislativo.
El antecedente de la ley original juega a favor del oficialismo. El proyecto aprobado en diciembre de 2025 recibió respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR y legisladores provinciales, mientras que Unión por la Patria, la izquierda y otros bloques opositores votaron en contra.
El Ejecutivo confía en reconstruir esa mayoría, aunque la inclusión de funcionarios y la falta de compensaciones para contribuyentes cumplidores podrían abrir una discusión más compleja.
