Aquella iniciativa nunca tuvo aprobación parlamentaria; el gobierno de Javier Milei, bajo la gestión del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aspira ahora a que el final sea distinto.
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La comisión reformadora terminó de redactar el proyecto de nuevo Código Penal
¿Qué dice el nuevo Código?
El proyecto de reforma del Código incluye en el concepto de "funcionario" y "empleado" público a toda persona que de manera permanente o circunstancial ocupe un rol en la administración de dinero. Esa ampliación no es menor, ya que -por ejemplo- la permanencia en la función pública (ahora en cualquiera de sus modalidades) impide que una causa penal prescriba para cualquiera de los imputados en el mismo expediente. Esa norma ya rige, pero su interpretación ofrece un abanico laxo y no siempre uniforme.
También incorpora la figura del "decomiso anticipado", uno de los puntos que insinúa un áspero debate sobre su constitucionalidad, porque admite la posibilidad de que un bien presumido como de origen ilegal al inicio de un expediente sea quitado a un imputado que aún no recibió condena, o que habiéndola recibido aún no esté firme.
La iniciativa contempla que la figura del soborno no se limite a los funcionarios públicos sino que alcance a los privados entre sí, equiparando la "responsabilidad penal de las personas jurídicas en todos los delitos”. No sólo es reprimido el pago ilegal de una empresa o un empresario particular a un funcionario para obtener un beneficio.
En cuanto a la intrusión ilegal de propiedades o terrenos, el proyecto incorpora el concepto de "clandestinidad”, definida como la "ocupación subrepticia de la propiedad, con ocultación y aprovechando la ausencia del tenedor, poseedor o cuasi poseedor". La modificación podría tener impacto directo en, por ejemplo, la toma de tierras.
El trabajo tipifica y aclara una zona gris: los delitos informáticos. La evolución y desarrollo de la tecnología se produce a una velocidad muy superior a las adaptaciones legales, por lo cual se han sancionado a lo largo del tiempo normas a modo de parches que se incorporaron, por lo general de manera desordenada, al actual Código Penal.
El nuevo código ordena y clasifica los denominados "ciberdelitos" e incorpora figuras como "daños informáticos, phishing, apropiación de información y grooming".
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El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
También ordena y especifica la naturaleza y los alcances de los delitos ambientales, lo que podría aplicarse -por ejemplo- a los incendios forestales intencionales sobre el supuesto de arrasar con grandes extensiones de tierra para impulsar allí proyectos inmobiliarios o de infraestructura.
Finalmente, incorpora los "delitos contra la comunidad internacional" de manera taxativa: lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada de personas, que si bien se vienen aplicando por imperio de la jurisprudencia no estaban claramente tipificados en el Código que está en vigencia. Todo ello figura en el Tercer Libro del proyecto de ley.
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Mauricio Macri intentó cambiar el Código Penal en su presidencia, pero no pudo.
El rol de la víctima
El trabajo realza el rol de la víctima en la resolución de los conflictos judiciales. Por ejemplo, la suspensión del juicio a prueba (probation), requerirá el acuerdo del damnificado, además de la intervención del fiscal, el imputado y la homologación del juez.
En la página oficial del gobierno Argentina.gob.ar, el juez Borinsky explicó que el aggiornamiento suma "los delitos de tráfico y permanencia ilegal de migrantes. Los delitos contra la dignidad y la libertad de trabajo. Se incorpora por primera vez en el Código Penal la figura del acoso laboral, el mobbing. El tráfico de órganos, los delitos genéticos. Delitos contra el patrimonio y los bienes culturales. Delitos en el ámbito del deporte. Delitos informáticos y de propiedad intelectual".
La Comisión de juristas que presentó el proyecto estuvo integrada, además del juez Borinsky, por el vicedecano de la Universidad Nacional del Nordeste, Jorge Buompadre; los jueces María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez; y los abogados Carlos Alberto Manfroni, Horacio Romero Villanueva, Fernando Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.
