Alberto Fernández pedirá la nulidad de los contratos "dolarizados" que firmó Macri con las empresas que controlan las autopistas de los accesos norte y oeste
El presidente Alberto Fernández firmó un decreto para iniciar una acción que busca la nulidad de los contratos de las autopistas del acceso norte y oeste, de las empresas Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), firmados por el expresidente Mauricio Macri; el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich y el exministro de Energía, Javier Iguacel.
"Son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios", señaló el mandatario desde la Casa Rosada, donde estuvo acompañado por el ministro del área, Gabriel Katopodis.
Se trata de los acuerdos firmados en 2018 con el gobierno anterior con AUSOL y GCO que comprometían al Estado, cuyo impacto económico total para los usuarios y usuarias es de casi u$s2.000.000.000.
Para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados en el año 2018 y según la solicitud de actualización tarifaria presentada por AUSOL y GCO en mayo de 2022, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte y más de 10 en el Acceso Oeste.
"Si nosotros hubiéramos permitido que el contrato se aplicaba tal como fue firmado, hoy un usuario que paga $100 de peaje en la Panamericana, debería pagar más de $1.800. Lo que no vamos a permitir es abusos", advirtió Fernández en conferencia de prensa.
En ese sentido, Katopodis advirtió que el expresidente Macri "otorgó una dolarización al contrato" de las autopistas sin que hubiera "ningún componente que justifique" esa medida, por lo que la cartera que conduce se presentará en la Justicia para que se declare la "lesividad y nulidad" de los acuerdos.
"Se determinó un ajuste del 8% anual, lo que permitió a ambas empresas tener una rentabilidad extraordinaria. En cualquier negocio o contrato de concesión de este tipo, por supuesto que no hay rentabilidad asegurada y sí riesgo empresario. Pero aquí se les otorgaba un privilegio con una rentabilidad en dólares actualizada al 8% anual", planteó el funcionario.
Y explicó: "Ellos pretendían que sean los usuarios los que paguen diariamente esa deuda que había sido establecida y que esa compensación se debía hacer por efecto del cuadro tarifario y si no alcanzaba, debían existir decisiones administrativas que pudiesen compensar con esa situación"
En los convenios, el gobierno de Cambiemos advertían una deuda bruta a favor de las empresas (sin descontar penalidades) de U$S 813.143.839,52, (U$S 540.522.269,52 para el caso de AUSOL S.A. y U$S 272.621.570 para el caso de GCO S.A.).
En este sentido, se establecía una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares del 8% anual. Este interés era capitalizable y si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda. Con estos acuerdos, la deuda reconocida y sus intereses ascendía a U$D 1.161.292.387.
Se estableció, además, que las sumas debían ser percibidas por los concesionarios libres del Impuesto a las Ganancias y que el mismo debía ser abonado a través de las tarifas. Es decir, para cumplir con esas obligaciones, que comprendían afrontar el capital, los intereses o el impuesto a las ganancias, la tarifa necesaria era de hasta 20 veces más de lo que hoy paga un usuario o usuaria.
Por otro lado, la tarifa de peaje se dolarizó ilegalmente, ya que existe el fallo CEPIS de la Corte Suprema en contra de la dolarización de tarifas, generando subas mucho mayores.
