La comisión investigadora de Diputados concluyó que Javier Milei y Karina Milei recomendó al Congreso analizar si hubo mal desempeño presidencial.
Después de tres meses de funcionamiento, marcados por demoras y por la ausencia de los testigos convocados, la comisión investigadora de Diputados sobre el caso Libra presentó su informe final, un documento de más de doscientas páginas. Los integrantes del cuerpo concluyeron que el presidente Javier Milei brindó una “colaboración imprescindible para la realización de la maniobra” que derivó en una presunta estafa que afectó a 114.410 billeteras virtuales, según consignaron.
El trabajo también recomienda que el Congreso analice la posibilidad de abrir un proceso de juicio político para determinar si existió mal desempeño en el ejercicio de la función presidencial. En el primer punto de las conclusiones, la comisión sostiene que el Parlamento debe evaluar si Milei “incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”. La Constitución establece que la Cámara de Diputados es la única facultada para formular una acusación de este tipo ante el Senado.
A ese punto llegaron luego de establecer que Javier Milei y Karina Milei "tienen responsabilidad política en la sucesión de hechos vinculados a la criptomoneda $LIBRA". También cuestionaron que "no hubo una evaluación previa del Estado Argentino sobre $LIBRA antes de su promoción presidencial".
Además, los legisladores de la comisión observaron similitudes con otros casos: "Estaríamos ante un modus operandi y un patrón de conducta ya observado en maniobras financieras irregulares presuntamente ilícitas ($KIP, CoinX, Vulcano) donde se repiten los nombres de Javier Milei, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy", afirmaron sobre el vínculo del presidente con los organizadores de Tech Forum, Novelli y Terrones Godoy.
"El control estatal tampoco existió previamente con $KIP. Esta repetición (primero $KIP, luego $LIBRA) torna plausible la hipótesis de que existió una voluntad deliberada de evadir los controles institucionales", agregaron.
El informe también destaca que el Presidente difundió un número de contrato que no era de acceso público y que continúa sin explicar cómo llegó a obtenerlo. Para los legisladores, ese dato fortalece la hipótesis de un vínculo previo entre Milei y los desarrolladores de la criptomoneda.
"Resolvimos denunciar penalmente a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que sistemáticamente se negaron a colaborar con la investigación, entorpeciendo el ejercicio de nuestras facultades constitucionales, por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público", indicaron los integrantes de la Comisión en el documento. De esa manera, denunciaron al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona; a los titulares de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc; a la responsable de la Unidad de Investigación que creó el Poder Ejecutivo por el tema, María Florencia Zicavo; y el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Emilio Silva. Todos ellos fueron citados y no se presentaron a la comisión.
Además, indicaron que el informe será presentado en la causa judicial: "Resolvimos remitir al Juzgado donde tramita la causa $LIBRA toda la información pertinente reunida por la Comisión, para contribuir al ejercicio de su facultad jurisdiccional de determinar las responsabilidades penales del caso".
