El gobierno de Javier Milei impulsa la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, la norma sancionada en 2021 que obliga a colocar octógonos negros en los envases de alimentos para advertir sobre excesos de azúcares, grasas, sodio y calorías.
La norma había sido sancionada en 2021 con el objetivo de advertir a los consumidores sobre el contenido nutricional de los alimentos, usando los ya clásicos octógonos negros.
Etiquetado frontal: por qué el Gobierno quiere eliminar la ley de octógonos
El gobierno de Javier Milei impulsa la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, la norma sancionada en 2021 que obliga a colocar octógonos negros en los envases de alimentos para advertir sobre excesos de azúcares, grasas, sodio y calorías.
La iniciativa fue presentada en el Congreso de la Nación con el respaldo del oficialismo y legisladores aliados, quienes sostienen que el sistema actual “confunde al consumidor”, desalienta inversiones y genera trabas comerciales.
El proyecto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones. Además, acompaña una propuesta impulsada por los diputados Daiana Fernández Molero (PRO) y Alejandro Bongiovanni (LLA).
Desde el oficialismo sostienen que, a más de cuatro años de su implementación, la ley “no cumplió sus objetivos” y generó problemas técnicos, comerciales y regulatorios.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al sistema de advertencias basado en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud. Según el proyecto, esos criterios utilizan “umbrales móviles” que evalúan la proporción de nutrientes sobre el total calórico y no la cantidad absoluta de azúcar, sodio o grasa por cada 100 gramos de producto.
Para los impulsores de la derogación, esto provoca “distorsiones” y termina generando confusión en los consumidores.
Fernández Molero explicó que “el 85% de los productos en góndola tiene sello” y consideró que eso hace que el sistema “pierda sentido y se convierta en parte del paisaje”.
Además, la diputada aseguró que el modelo actual no incentiva a las empresas a reformular productos para mejorar su composición nutricional, ya que “es muy difícil sacarse el sello de encima”.
Otro de los argumentos del Gobierno y de los legisladores que impulsan el proyecto está vinculado al comercio exterior y la integración regional.
Según sostienen, la normativa argentina quedó desalineada con el resto de los países del Mercosur, lo que obliga a las empresas a adaptar envases y líneas de producción para cada mercado.
“La coexistencia de distintos sistemas de etiquetado genera mayores costos, especialmente para las pymes exportadoras”, señalaron en los fundamentos del proyecto.
Fernández Molero también cuestionó que Argentina haya adoptado un esquema similar al de México y Colombia, y apuntó contra la OPS por haber promovido ese perfil nutricional.
Si el proyecto avanza en el Congreso, los tradicionales octógonos negros podrían desaparecer de los envases de alimentos.
Desde el oficialismo aseguran que la información nutricional ya está disponible en las tablas e ingredientes impresos en los productos, y consideran que el sistema actual “demoniza” a los alimentos industrializados.