La Casa Rosada, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza, espera con expectativa que la Cámara de Diputados dé media sanción este jueves a la mega ley de emergencia. Con esta normativa, el nuevo Gobierno busca la delegación de facultades para aplicar el primer paquete de medidas para frenar la crisis económica y social que dejó la era Macri.
A una semana de su asunción y en medio de una extrema tensión con el principal bloque de la oposición, Fernández monitoreó personalmente en las últimas 24 horas cada paso de las negociaciones.
Fernández busca financiar medidas de alivio a los sectores sociales más vulnerables, que incluyen aumentos fijos en jubilaciones y AUH, congelamiento de tarifas, suspensión del cálculo de movilidad jubilatoria e intervención de los entes reguladores.
Frente a la oposición de los diputados de Juntos por el Cambio a dar quorum para los "superpoderes", Fernández se apoyó en los gobernadores radicales y peronistas, quienes terminaron ejerciendo una fuerte presión para destrabar la sesión que finalmente comenzará a las 15.
En el Congreso, los encargados de destrabar el quorum fueron el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el titular del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner.
Ambos en comunicación directa con Alberto -Massa, el martes, y Máximo, el miércoles, lo visitaron en su despacho de la Casa Rosada-, coordinaron las estrategias políticas para intentar convencer a la decena de diputados del lavagnismo y a los desertores de Juntos por el Cambio.
Alberto finalmente aceptó ceder y modificar algunos puntos del mega proyecto elaborado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, que terminó eliminando el polémico artículo 85 que otorgaba superpoderes al Ejecutivo para hacer una reforma integral del Estado, con la posibilidad de eliminar o fusionar organismos descentralizados como la AFI o la SIGEN.
Ese punto volvió a demorar la publicación en el Boletín Oficial del nuevo organigrama que ya había aprobado el Gobierno y, por lo tanto, también se demoraron algunas asunciones a nivel de secretarías, subsecretarías y direcciones de organismos de Gobierno.
Pero el momento de mayor tensión fue cuando el miércoles los diputados de Juntos por el Cambio no solo se negaron a dar quorum para tratar la mega ley, sino que pusieron en un brete al oficialismo, que corrió el riesgo de no contar con los 120 diputados propios porque muchos de ellos terminaron renunciando a sus bancas para asumir como ministros y en la misma sesión debían asumir sus suplentes.
Hasta se especuló con que varios funcionarios, como el ministro del Interior, Wado de Pedro, vuelvan al Congreso a sentarse en la banca a la que ya había renunciado para forzar la aprobación de la ley.
Pero esas alquimias se desvanecieron cuando Alberto apeló al apoyo de los gobernadores radicales que -agradecidos por el acuerdo firmado el día anterior en Casa Rosada que les permitirá mantener impuestos provinciales para financiarse en 2020- salieron en masa a reclamarles a sus legisladores que den quorum al menos para que puedan asumir los diputados suplentes que faltaban del Frente.
Una vez resuelto el tema del quorum, Alberto continuó con la agenda pautada: recibió en su despacho a la cúpula de la Iglesia, de la que escuchó el rechazo al protocolo por el aborto legal, y continuó con encuentros con empresarios de AEA y una visita a la nueva sede de la Cámara de Comercio, a metros de la Casa Rosada.
También tuvo su momento de política y sociedad en un encuentro con el actor Nito Artaza; luego con un grupo de jubilados de Hurlingham acercados a la Casa Rosada por el intendente de ese partido, Juan Zabaleta; y más tarde con la recepción en su despacho del ex presidente Eduardo Duhalde, quien le trajo una propuesta relacionada a un plan de viviendas sociales.
Finalmente, después de más de siete horas de debate en el plenario de comisiones parlamentarias, en la noche de un miércoles agitado, el oficialismo logró el dictamen y la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva se tratará este jueves a partir de las 15.
