Las reuniones se desarrollan en un marco de estricto hermetismo, y recién una vez que termine la misión, se dará a conocer el resultado.
Las conversaciones incluyen análisis de indicadores fiscales, monetarios y de acumulación de reservas del Banco Central, según confirmaron fuentes del Palacio de Hacienda.
El acuerdo con el organismo multilateral permitió al Gobierno de Milei recapitalizar el Banco Central y eliminar parte del cepo cambiario para personas físicas gracias al primer desembolso de 12.000 millones de dólares, medidas que sirvieron a la estrategia del Gobierno para estabilizar la macroeconomía tras la crisis.
Aunque Argentina no alcanzó la meta de acumulación de divisas pautada en el acuerdo con el FMI -debía acumular 4.400 millones adicionales para mediados de junio-, Caputo compensaría ese déficit mostrando al fondo el sobrecumplimiento en otras variables de la macro, como son el superávit fiscal superando lo pactado, una desaceleración más rápida de la inflación y el crecimiento económico que alcanzaría el 5,8% interanual.
Esta opción evitaría la necesidad de solicitar una dispensa especial (“waiver”), gracias al margen fiscal logrado y la relación constructiva con el organismo.
Centrado en el ancla fiscal como el corazón del programa del Gobierno, Caputo intenta mostrar al FMI su compromiso con el orden presupuestario. En ese marco, los técnicos del Ministerio de Economía le mostrarán que el Gobierno espera lograr la meta de superávit fiscal prevista para septiembre de 9,3 billones de pesos.
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De aprobarse la primera revisión técnica esta semana, el directorio del FMI habilitaría un nuevo desembolso de 2.000 millones de dólares durante la primera semana de julio.
El presidente Javier Milei salió los últimos días a pedir a todos los ministros del gabinete nacional que pasen un listado con nuevos ajustes y la Casa Rosada prepara anuncios de eliminación y fusión de organismos del Estado, privatización de empresas públicas antes de que el 8 de julio: ese día vencen las facultades extraordinarias delegadas por el Congreso al PEN para avanzar en la reforma del Estado, a través de la ley bases.