Buscan una medida cautelar contra le protocolo antipiquete. (Foto: Télam)
La Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal habilitó la feria judicial para analizar planteos contra el protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich, al tiempo que declaró competente a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional para intervenir.
En la presentación judicial se había afirmado que el protocolo "amenaza derechos políticos" y se consideró que "penaliza la ocupación del espacio público en toda forma de manifestación pacífica, limitando así los derechos constitucionales de reunión, de peticionar a las autoridades y la libertad de expresión".
Los jueces de la sala A de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo Federal resolvieron hoy "habilitar la feria judicial y atribuir competencia en la presente causa a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal".
Previo a resolver la habilitación de la feria judicial, los camaristas Sergio Fernández y Carlos Grecco recordaron que las razones de urgencia que determinan la habilitación de la feria judicial, por principio, son solamente aquellas que entrañan para los litigantes un riesgo cierto e inminente de ver frustrados los derechos para cuya tutela se requiere la protección judicial.
"Teniendo en cuenta el objeto de la acción y los argumentos expuestos para fundamentar la solicitud de habilitación de la feria judicial - en particular, la posible afectación de derechos constitucionales en la aplicación del protocolo y la eventual criminalización de la protesta social - se considera que los mismos revisten suficiente entidad como para disponer la medida excepcional requerida", consideraron los jueces.
En esa línea, señalaron que "debe considerarse a la petición efectuada como comprendida entre las diligencias urgentes a la que se hace referencia en el art. 153 del Código Procesal. En consecuencia, resulta procedente la habilitación solicitada, toda vez que la demora impuesta por el receso judicial de enero en la tramitación de estos actuados entraña un riesgo cierto e inminente de frustración de derechos".
El planteo del MST, que incluye además el reclamo de que se dicte de una medida cautelar urgente para que el Poder Ejecutivo se abstenga de aplicar el protocolo ante posibles protestas callejeras, había pasado antes por juzgados de los fueros electoral; contencioso administrativo; y criminal y correccional, que se habían declarado incompetentes.
