El Gobierno justificó la decisión de alambrar la frontera con Bolivia en la política del Ministerio de Seguridad para controlar el narcotráfico. La medida se conoce mientras la Casa Rosada termina de redactar el proyecto de ley para limitar el ingreso de inmigrantes.
Hermetismo en Casa Rosada tras la queja de Bolivia por el alambrado en la frontera (Foto: archivo).
Tras un hermético silencio de la Casa Rosada este lunes el Gobierno argentino a través del Ministerio de Seguridad, confirmó la decisión de construir un alambrado perimetral de 200 metros en la frontera norte con Bolivia, en la localidad de Aguas Blancas, en el marco del Plan Güemes que comanda Patricia Bullrich en coordinación con la provincia según señaló, para "controlar actividades de narcotráfico, sicariato, muertes y descontrol".
En un comunicado, Bullrich justificó la medida, que generó quejas diplomáticas del Gobierno de Bolivia, al objetivo de "cuidar a los argentinos del narcotráfico".
"Antes del Plan Güemes, el cruce fronterizo en Aguas Blancas y Orán, era tierra de nadie: narcotráfico, sicariato, muertes y descontrol", dijo la ministra y confirmó que la medida se decidió "desde el Ministerio de Seguridad, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz y el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, recuperamos el control".
"En la mesa del Plan Güemes, que reúne a funcionarios nacionales, provinciales, locales y al interventor de Aguas Blancas, se tomó una decisión clave: sumar una medida mas al control que establecimos, reforzando la pared existente—vulnerada repetidamente por el narcotráfico para ingresar cocaína—con la construcción de una cerca de 200 metros. Esta medida elimina el bypass que permitía eludir los controles de la Gendarmería Nacional, refuerza controles exitosos existentes, y pone fin al caos en este punto crítico de la frontera", finaliza el comunicado oficial del Gobierno argentino difundido este lunes a la tarde.
La medida se produce en momentos en que el gobierno nacional se encuentra redactando un proyecto de ley para expulsar inmigrantes ilegales que anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, a fines de noviembre pasado, y va en línea con las recientes medidas aplicadas por el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich en coordinación con la provincia de Salta y el municipio de Aguas Blancas, que justificó la decisión en la necesidad de evitar el paso ilegal de personas y el contrabando, según se explicó en la licitación a la que se llamó a través del Boletín Oficial provincial.
A raíz de la decisión oficial, la cancillería de Bolivia expresó su “preocupación” y señaló en un comunicado oficial que "cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica” por lo que "solicitará por canales diplomáticos la información sobre este tema para emprender las acciones que correspondan".
En la Casa Rosada regía un fuerte hermetismo sobre la situación este lunes. En jefatura de Gabinete, de donde depende la dirección nacional de Migraciones, señalaron desconocer la medida y la atribuyeron a una decisión de la provincia de Salta.
En tanto, desde el Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri, señalaron que las Fuerzas Armadas no participan del operativo por el momento y todos apuntan al rol que tendrá el Ministerio de Seguridad nacional de Patricia Bullrich a través de efectivos de Gendarmería.
Según confirmó por la tarde la propia Bullrich, la decisión de construir un cerco perimetral forma parte del "Plan Güemes" de la cartera de Seguridad. En ese marco, se convocó a la licitación para colocar "un alambrado olímpico" que existe entre la terminal de colectivos y la oficina de Migraciones local.
Con el fin de fortalecer las fronteras del norte, ya se habían desplegado efectivos de las fuerzas federales en esa localidad en diciembre del año pasado.
En línea con la ideología de Trump, militantes libertarios en redes sociales publicaron videos sobre presuntas filas de ciudadanos bolivianos en la frontera preparándose para ingresar a Argentina de manera ilegal, y reclaman construir "un muro como hizo Estados Unidos en la frontera con México", tras vincular a los extranjeros indocumentados con una estrategia del peronismo para cooptar futuros votos de cara a las elecciones legislativas de este año.
El Gobierno prepara una batería de medidas que será parte de un nuevo proyecto de ley que enviaría al Congreso en las próximas semanas. Una de estas iniciativas busca modificar las condiciones para otorgar visa de residencia argentina a inmigrantes extranjeros, con mayores controles y restricciones, al estilo de lo que sucede en Estados Unidos o la Unión Europea.
Fuentes del Gobierno confirmaron este lunes a A24.com que el proyecto anunciado por Adorni el pasado 2 de diciembre en conferencia de prensa está en plena redacción y seguramente será enviado para su tratamiento en el Congreso después de que Javier Milei inaugure el 1 de marzo el período de sesiones ordinarias.
Según relató a A24.com una alta fuente de la Casa Rosada, los equipos técnicos de Presidencia y del viceministerio de Interior trabajan en las nuevas normativas que podrían ser incluidas en sesiones ordinarias o ser debatidas más adelante.
Cerca de Milei explicaron que "será una ley que modifica el régimen migratorio y las condiciones que impondrá el Estado argentino a todos aquellos inmigrantes extranjeros que ingresen al país, ya sea con visa de turista, de trabajo o para ser considerado residente".
El megaproyecto incluiría el cobro de aranceles a los extranjeros que utilicen servicios de salud en el país o que vengan a estudiar.
Pero en el círculo más cercano al Presidente reconocen que si no logran consensos, podría aplicar las modificaciones al régimen de migraciones por un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
