El Gobierno nacional reclamó a la Justicia de la provincia de Buenos Aires y al gobierno bonaerense, que "se investigue si funcionarios policiales y judiciales cometieron un delito", al no hacer nada para evitar el femicidio de la joven Úrsula Bahillo, cometido el pasado 9 de febrero por un policía de la provincia de Buenos Aires, ex pareja de la chica, en la localidad de Rojas.
Sin embargo, admiten que desde Nación "no pueden hacer más que recomendaciones e interactuar con autoridades provinciales, que son las responsables de cambiar las instituciones judicial y policial", y dicen que la prevención de los femicidios en muchas instituciones del país es "una materia pendiente".
Según pudo saber A24.com, preocupada por las repercusiones del caso, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta envió una carta al fiscal de la causa y mandó a una funcionaria a reunirse con todos los sectores, desde el fiscal, el intendente local y funcionarios policiales y provinciales.
Lo hizo después de que el presidente Alberto Fernández expresara su preocupación a través de las redes sociales y señaló que "hay que ser inflexibles con los autores del hecho".
Este miércoles Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) viajó a la localidad de Rojas donde mantuvo reuniones con el intendente Claudio Rossi y autoridades provinciales.
Varsky también se reunió con el fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 Departamento Judicial de Junín, Sergio Manuel Terrón, y con Nora Liliana Fitzback, a cargo de la ayudantía fiscal de la ciudad, cuestionados por la familia por no haber actuado ante la violación de la orden perimetral que terminó en el asesinato de la joven.
La funcionaria nacional "requirió datos sobre la causa y remarcó la necesidad de que el Poder Judicial realice las investigaciones sobre muertes violentas de mujeres de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos".
