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En aquel momento, María Fernanda tenía cinco años, y su hermana María Cristina, tres años. Sobre la muerte de su hermana durante el ataque del ERP, explicó, que los integrantes de esa organización dispararon de "forma indiscriminada y le pegan un tiro en la cabeza" a María Cristina. Ella también sufrió una herida de bala en su cráneo, de la que sobrevivió pese a tener que operarse nueves veces.
"Siempre los 24 son un bajón porque el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia no era mi memoria, ni mi verdad, mucho menos mi justicia", expresó María Fernanda y contrastó que "hoy se hizo justicia", por la declaración "de lesa humanidad, la muerte de mi papá y de mi hermana".
Declaración del Gobierno
En un comunicado difundido por la Oficina de Prensa de Presidencia, afirmaron que el Gobierno desclasificará los archivos de la dictadura. Aclararon que no solo alcanzará al accionar de las FF.AA. en ese período, sino también a "archivos en poder de la SIDE vinculados a las actividades militares y guerrilleras entre 1976 y 1983".
Indicaron que el objetivo es hacer "un llamado a la reflexión en busca de la historia completa, sin sesgo ideológico ni censura a las distintas voces que analizan y narran lo ocurrido en la década de 1970", y busca "el reconocimiento pleno de nuestro pasado y la libertad para debatirlo son condiciones esenciales para cerrar heridas y construir un futuro donde la historia sea historia y no un relato político partidario".
Con esta decisión, el presidente Javier Milei decidió igualar el accionar del terrorismo de Estado que primó entre 1976-1983 con los atentados de organizaciones guerrilleras previas, en lo que las organizaciones defensoras de los DDHH califican como la "teoría de los dos demonios".
En ese marco, el Gobierno de Milei se diferenció de gobiernos anteriores y reconoció la muerte del capitán Humberto Viola y de su hija por un atentado del ERP en 1974 -antes del golpe cívico militar del '76- como "un fusilamiento" y "un delito de lesa humanidad" que "no prescribe" y anunció que hará la presentación ante la Corte Interamericana de DD.HH.
El Gobierno recordó el el comunicado este lunes, que "en 2022, la administración de Alberto Fernández, en representación del país, sostuvo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que este crimen no constituía un delito de lesa humanidad y que, por lo tanto, era prescriptible".
Y anunció: "En contraste, el Presidente Javier Milei ha tomado la decisión de acompañar el pedido de justicia de la familia Viola, instruyendo a la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería Argentina, para que reconozca ante la CIDH que este crimen debe ser considerado un delito de lesa humanidad, ocurrido en el marco de un conflicto armado interno".
En el comunicado de la Casa Rosada se anunció que "como parte de este acuerdo, el Gobierno enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para establecer la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos".