Durante el año 2020, en el contexto de la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio, la inseguridad creció en la Argentina. La tasa de homicidios dolosos de un 3,8 % respecto del 2019, según estadísticas del Ministerio de Seguridad. En muchas oportunidades aquellos que cometen el delito, ya habían sido apresados previamente por algún hecho similar pero fueron puestos en libertad por la Justicia por falta de pruebas o por presunción de inocencia mientras dura el proceso.
Para evitar esto, el candidato a diputado por Juntos, Gerardo Milman (dirigente cercano a Patricia Bullrich) redactó un proyecto de ley que ingresará al Congreso el 10 de diciembre para ampliar en el Código Penal la figura de "reincidencia" o "reiterancia". Esto es que a aquella persona que haya cometido dos veces el mismo delito se le pueda aplicar la prisión preventiva. "Que aquellos delincuentes -que aún no teniendo condena penal final y firme, y cometen delitos reiteradamente- se tomen como antecedentes para que la Justicia pueda tomar una decisión y se pueda evitar que vuelvan a la calle".
"El proyecto buscar ampliar los supuestos de denegación de la prisión preventiva a los sujetos reiterante que aún no han obtenido condena y que al ser liberados implican un supuesto de peligrosidad para la comunidad, como así también que la reincidencia con todos sus efectos se configure con el hecho de existencia de condena y no de cumplimiento de la pena", explica Milman en los fundamentos.
"En la mayoría de los casos se observa que los delincuentes ya habían sido apresados y prontamente liberados, la famosa “puerta giratoria”, producto de un sistema que funciona deficientemente pero también de normativa insuficiente para encarcelar a los responsables. El encarcelamiento preventivo no tiene como finalidad única asegurar los fines del proceso, sino también el derecho de a la seguridad de la población y los fines de la pena", asegura.
"No parece razonable que ante la constatación de ese riesgo de reiteración delictiva que el Estado carezca de toda posibilidad de respuesta efectiva, en espera de una sentencia condenatoria firme, el interés constitucional de proteger a la comunidad del ataque delictivo es un válido argumento para limitar el derecho del imputado a gozar de libertad durante el proceso", concluye Milman.
