El fallo favorable a la Argentina lo determinó la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Tampoco será necesario presentar una garantía.
La Justicia norteamericana suspendió la orden de entregar las acciones mientras el país apela.
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos suspendió la orden de la jueza Loretta Preska que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones que el Estado tiene en YPF mientras apela la sentencia en su contra. El país tampoco estará obligado a depositar una garantía.
La decisión implica que el Gobierno argentino podrá conservar sus acciones en la Caja de Valores, al menos hasta que se resuelva la apelación de fondo. Tampoco será necesario presentar una garantía, como se había evaluado como alternativa intermedia. De este modo, la presión judicial inmediata se diluye, aunque el fondo del conflicto aún está lejos de resolverse.
El analista Sebastián Maril, especialista en litigios de deuda y CEO de Latam Advisors, confirmó a través de su cuenta de X (ex Twitter) que “las acciones del Gobierno en la petrolera podrán permanecer en la Caja de Valores mientras la Corte resuelve la apelación”.
Este nuevo escenario evita, al menos por ahora, que la Argentina se vea obligada a cumplir con el fallo de Preska. Esa sentencia había determinado que, mientras se analizaba la apelación, el país debía entregar su participación en YPF como forma de garantizar el cumplimiento futuro de una eventual condena definitiva.
El Gobierno nacional había anticipado que, de no obtener una suspensión por parte de la Corte de Apelaciones, pensaba recurrir directamente a la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero esa instancia ya no será necesaria por el momento.
La Corte de Apelaciones evaluaba tres caminos posibles en esta etapa del juicio por la expropiación de YPF. Podía:
Finalmente, la Corte optó por el segundo escenario. Argentina no deberá cumplir la orden ni ofrecer garantías económicas durante este tramo del proceso. Es una victoria parcial, pero clave para la estrategia judicial del Estado argentino.
La suspensión de la orden de entrega de acciones representa una pausa crucial. A nivel político y financiero, evita un impacto inmediato sobre el control estatal de la petrolera, y permite al Gobierno enfocarse en la apelación por YPF con mayor margen de maniobra.
En sus argumentos, Argentina había planteado que la entrega anticipada de las acciones comprometía seriamente su soberanía y operatividad económica. Además, aseguró que no estaba dispuesta a negociar con los demandantes mientras existieran instancias judiciales pendientes.
La administración actual mantiene su posición firme: no se ofrecerán garantías, no se entregarán acciones y no habrá acuerdo fuera del marco judicial.
En paralelo a esta medida cautelar, continúa en curso la apelación por YPF sobre el fondo del conflicto. Argentina busca revertir el fallo de primera instancia que la condenó a pagar US$16.100 millones (más intereses) por la estatización de la petrolera en 2012.
Los beneficiarios del fallo son los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio de los accionistas minoritarios del Grupo Petersen, que perdió su participación tras la nacionalización.
La etapa clave de la apelación tendrá lugar a finales de octubre. Según el cronograma judicial, la presentación de los argumentos orales fue pautada para la semana del 27 de octubre, justo después de las elecciones legislativas argentinas.
Ese momento será determinante para conocer la posición de la Cámara frente a los argumentos presentados por la defensa argentina, que sostiene que no se violaron normas de derecho internacional ni compromisos contractuales al realizar la expropiación.
Mientras la estrategia del Estado avanza en la vía judicial, otras organizaciones también intentaron influir en el proceso. La ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG) solicitó a la Corte de Apelaciones la anulación de la sentencia de Preska y la apertura de una investigación penal contra la familia Eskenazi, titulares del Grupo Petersen.
La Cámara rechazó esa solicitud y ratificó la validez del fallo original, aunque ahora queda en suspenso su aplicación directa gracias a la medida adoptada. Este rechazo no solo mantuvo el eje de la causa en el plano financiero y contractual, sino que descartó, al menos por ahora, la judicialización penal del conflicto.
