La Justicia norteamericana accedió a un pedido de Argentina y resolvió suspender de manera provisoria el discovery de “alter ego”. Cómo sigue el proceso.
La jueza Loretta Preska tomó una decisión que benefició a la petrolera.
La Justicia de Estados Unidos accedió en las últimas horas a un pedido de YPF y resolvió suspender de manera provisoria el discovery de “alter ego”, es decir, la investigación orientada a identificar activos de la petrolera que podrían ser embargados. La decisión fue adoptada por la jueza Loretta Preska, a la espera de una audiencia clave prevista para los próximos días.
“Ella había permitido ese discovery e impidió a YPF una defensa, ya que considera que el Estado argentino lo está haciendo en su lugar”, explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors y especialista en el litigio.
De todos modos, aclaró que la nueva orden no alcanza a las investigaciones ni a los intentos de embargo sobre otros activos soberanos, como el Banco Central de la República Argentina, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas.
Según detalló el exprocurador del Tesoro Sebastián Soler, la medida se mantendrá vigente hasta que la Cámara de Apelaciones resuelva el recurso presentado por YPF contra la decisión previa de Preska que había habilitado el discovery.
“La apelación debería tramitar de manera expeditiva, pero involucra un tema importante y poco tratado por la Cámara, como son las implicancias de la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos para este tipo de investigaciones sobre empresas estatales”, explicó Soler.
Semanas atrás, los beneficiarios del fallo intensificaron la presión judicial sobre la Argentina para forzar el cumplimiento de la sentencia, que asciende a US$16.000 millones. El reclamo es impulsado por Eton Park y Petersen, financiados por el fondo Burford Capital.
Como el país decidió apelar el fallo, los demandantes aún no pudieron cobrar y recurrieron a distintas estrategias para obligar a la Argentina, al menos, a sentarse a negociar. Una de ellas consiste en intentar demostrar que ciertos organismos y empresas públicas funcionan como “alter ego” del Estado, lo que les permitiría avanzar sobre bienes de esas entidades.
En ese marco, los demandantes se quejaron ante Preska por las demoras en la entrega de información y denunciaron supuestas maniobras dilatorias. Incluso advirtieron que están dispuestos a pedir sanciones monetarias u otro tipo de penalidades.
También señalaron que el ministro de Economía Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno se negaron a entregar chats y mensajes, junto a otros cuatro funcionarios, mientras que varios más no respondieron a los pedidos cursados por el propio gobierno argentino.
“Los demandantes solicitan respetuosamente que el Tribunal ordene a la República que complete sustancialmente su producción de comunicaciones fuera de canal con entidades alter ego”, reclamaron, con plazos que iban del 16 al 23 de diciembre de 2025.
Finalmente, la jueza Preska fijó como fecha límite el 10 de enero para que haya avances concretos en la entrega de información y convocó a una nueva audiencia para el 29 de enero. En paralelo, la Argentina aguarda la resolución de la apelación presentada ante la Corte de Apelaciones en la causa principal por la expropiación de YPF, un fallo que será determinante para el futuro del litigio y la estrategia judicial del país.
